El Gobierno no tiene «fórmula jurídica» para sacar a Franco

Moncloa sigue buscando la «fórmula jurídica» que ampare la exhumación del dictador. El armazón legal y la desaprobación de los familiares están dilatando el traslado, que el presidente había anunciado para este mes.

Era una de las medidas estrella de la Ley de Memoria Histórica que el Gobierno de Pedro Sánchez tenía previsto reactivar con su llegada al poder. Sin embargo, lo ajustado de los tiempos llevó al Ejecutivo a establecer un orden de prelación, coronado –eso sí– por la exhumación de los restos de Francisco Franco. El propio Sánchez llegó a anticipar ante los periodistas que el traslado del dictador del Valle de los Caídos «os pillará trabajando», una determinación a la que el Gabinete quería imprimir premura, acometerla de manera «inminente» antes de que finalizara el mes de julio. Sin embargo, la dificultad que ha impedido a los gobiernos precedentes, incluido el de José Luis Rodríguez Zapatero que también lo intentó, llevar a cabo la exhumación sigue plenamente vigente. A los conflictos competenciales que Moncloa consiguió salvar, gracias a la disposición de la Iglesia como autoridad competente a no oponerse a la exhumación, se suma el rechazo de la familia del dictador que no querría hacerse cargo de los restos.

A día de hoy, el Gobierno carece «todavía» del mecanismo legal que ampare la decisión política de exhumar los restos de Franco. «Se sigue trabajando en la fórmula jurídica», reconocen fuentes gubernamentales que ligan a esta fórmula, el plazo para que se pueda llevarse a la práctica. Estas mismas fuentes reconocen la «suma complejidad» con la que se ha encontrado el Ejecutivo que, en principio, y tal como reconoció a este diario esperaba llevar a cabo el traslado antes del 18 de julio, aniversario del alzamiento militar y –por ende– fecha de especial simbolismo para un sector de la sociedad de marcada ideología.

Sin embargo, la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, reconocía hace una semana que todavía no había «ni fecha ni fórmula jurídica» para llevar a cabo la exhumación. Patrimonio Nacional, dependiente del Ministerio de la Presidencia que dirige la vicepresidenta Carmen Calvo, está en contacto con todos los herederos de Franco para intentar llegar a un acuerdo y que éstos asuman qué hacer con los restos. Al parecer no habría consenso en la familia del dictador sobre cómo proceder ante esta situación. Para llevar a cabo la exhumación de los restos del dictador, según fuentes gubernamentales, no haría falta que la decisión cuente con el aval del Consejo de Ministros porque se encuentra en una dependencia subordinada al Estado y, por tanto, éste puede proceder como estime.

El Gobierno sigue decidido a imponer como prioridad la aplicación de la Ley de Memoria Histórica y con este fin se ha creado una Dirección General orientada a tal efecto. Incardinada en el Ministerio de Justicia, impulsará la resignificación del Valle de los Caídos como un lugar de reconciliación, promoverá la creación de una Comisión de la Verdad, reabrirá la Oficina de Apoyo a las Víctimas del Franquismo y estudiará la manera de llevar a cabo la ilegalización de aquellas asociaciones u organizaciones que hagan apología del franquismo. Es decir, la ilegalización, por ejemplo, de la Fundación Francisco Franco.

Los socialistas quieren ir más allá de lo que preveía la legislación aprobada por Zapatero, imponiendo sanciones económicas y de cárcel a quienes no retiren los símbolos franquistas de la vía pública o a quienes hagan apología o humillen a las víctimas.

El Gobierno también impulsará en la reforma integral de la ley de Memoria Histórica declarar la nulidad de los tribunales de excepción franquistas y sus fallos y sentencias e impulsar desde lo público las exhumaciones. Para ello, la nueva Dirección General para la Memoria Histórica del Ministerio de Justicia hará públicos los datos de exhumación anual, el número de personas localizadas, la cifra de peticiones registradas y el número de prospecciones sin resultado positivo, con su posterior publicación en el Boletín Oficial del Estado o en el boletín oficial de la comunidad autónoma donde se haya realizado la exhumación.