En qué consisten las oposiciones fáciles o light impulsadas desde el Gobierno de España

Mucho se ha hablado en los últimos meses sobre las ya conocidas en España como oposiciones light, impulsadas desde el seno del Ejecutivo y, en concreto, gestionadas a través del Ministerio de Función Pública, liderado a día de hoy por José Luis Escrivá, el que hasta hace solo unos meses fuera ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Lo cierto es que, actualmente, para acceder a un puesto de trabajo como empleado público en la Función Pública, ya sea como funcionario de carrera, funcionario interino, personal laboral o personal eventual, hay que realizar unos exámenes relacionados con un temario en concreto.

A lo que a día de hoy se le denominan como oposiciones fáciles, de cara a ocupar un cargo en la Administración Pública o ascender dentro de la misma, responde a que las pruebas de acceso son más sencillas que hace unos años. Además, permiten que los aspirantes hagan una suerte de quinielas sobre qué partes del temario estudiar y cuál desechar. A todo ello, se le suma que el Gobierno busca primar las aptitudes y actitudes sobre la capacidad memorística.

¿Qué son oposiciones light?

En realidad, nada de esto es nuevo. Ya lo anunció Miquel Iceta, cuando en 2021 presentó su modelo de acceso de la Función Pública, esto es, la reforma que aspira a que el próximo año de 2025 esté plenamente vigente. "Los que temen que con un cambio en los concursos de oposición habrá menor capacitación demostraremos que eso no es así", insistió hace ya tres años el que fuera ministro de Política Territorial y Función Pública. En este sentido, Iceta recordó que la "obsesión" del Gobierno no es aumentar el número de empleados públicos, si no rejuvenecer la plantilla.

La modificación, además, también se recoge en el Plan de Reconstrucción, documento en el que se expone lo siguiente: "el peso de las pruebas memorísticas de alto contenido jurídico sigue siendo determinante, lo que justifica que, para los universitarios y universitarias, el empleo público no resulte atractivo al acabar sus estudios". La que fuera vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, también defendió que "hay que modernizar y actualizar la Función Pública", a la vez que recordaba su experiencia como opositora para el Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado.

Un ejemplo de estas pruebas de acceso es el que corroboran los Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), en cuyo caso, las pruebas del Cuerpo Superior de Gestión Catastral los aspirantes a promoción interna tendrán que estudiar 34 temas menos que hasta entonces.

Algunos funcionarios de carrera en contra de estas pruebas de acceso

No parece que las oposiciones light las tengan todo consigo. Este es el caso, por ejemplo, de los inspectores de Hacienda ante la puesta en marcha por parte del Gobierno del proceso selectivo para cubrir 144 plazas, por el sistema de acceso libre, y 69 plazas, por promoción interna, lo que suma un total de 213 puestos.

En septiembre del año pasado, la Asociación Profesional representativa del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado recalcó su firme intención de presentar un recurso contencioso administrativo contra ella, dado que considera que la inclusión de interinos en este Cuerpo Superior "es un intento más de colonización de la Administración".

Según la resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), las plazas ofertadas para el acceso por promoción interna -47 de acceso general y 3 de acceso para personas con discapacidad- tendrán "preferencia para cubrir los puestos vacantes que se oferten". Además, a efectos de lo dispuesto en el artículo 79 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se consideran independientes ambos sistemas de selección, por lo que las plazas convocadas por el sistema de promoción interna que, en su caso, queden vacantes, no podrán acumularse a las del sistema de acceso libre.

Asimismo, la Asociación Profesional representativa del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda considera "contrario a la más elemental lógica" que una persona, sin haber superado el proceso selectivo pueda desarrollar una función tan sensible como es la que se encomienda a los Inspectores de Hacienda, y recuerda que la normativa vigente restringe el ejercicio de las funciones de la Administración que supongan el ejercicio de potestades públicas a los funcionarios de carrera, excluyendo de las mismas a los interinos.

El abuso de los interinos en la Administración Pública

La Justicia europea, en marzo de 2020, ya denunció el abuso de la figura del interino por la Administración española, lo que hace "más incomprensible que esta práctica no solo no se reduzca, sino que pretende extenderse a áreas de la función pública en las que jamás se había utilizado".

Dos años más tarde, a mediados de abril de 2022, solo un mes más tarde de la aprobación de la conocida como 'Ley de interinos', norma que contempla procesos de estabilización para el personal interino que lleva décadas encadenando esta situación. El Ejecutivo buscaba atajar la alta tasa de temporalidad de los empleados públicos en las Administraciones Públicas, que se situaba por aquel entonces en un 31% y que Bruselas exigía que se limitara a un 8%.

Con respecto a la aprobación de la norma, la Comisión Europea anunció que comprobaría "cómo se ha puesto en práctica la nueva legislación, si ha cambiado la situación existente que es grave y viola los derechos de los trabajadores". Así lo indicó en su momento la eurodiputada letona y vicepresidenta de Peticiones Tatiana Zdanoka.

Bruselas demanda atajar la alta tasa de funcionarios interinos en España

La Justicia europea ha asestado un nuevo golpe a España por el abuso de temporalidad de sus empleados públicos que, en estos momentos, afectaría a unos 8000.000 trabajadores interinos en España, según el despacho Navas & Cusí, que presentó una queja ante la Comisión Europea en julio de 2021 en nombre de Empleados Públicos en Abuso (EPA).

En una sentencia de marzo de 2024, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha vuelto a denunciar la consecución "abusiva" de contratos públicos en las Administraciones e insta a España a convertir en fijos a los trabajadores interinos de larga duración. Para ser más exactos, el Tribunal considera que la legislación española no es suficiente para evitar que las administraciones públicas abusen de la contratación temporal y que las medidas para desincentivar los contratos que se prorrogan una y otra vez, como indemnizar con 20 días por año trabajado, se quedan cortas.

La sentencia recalca que "la falta de medidas adecuadas" para prevenir y sancionar con arreglo a las normas europeas los abusos derivados de la utilización sucesiva de contratos temporales, incluidos los contratos indefinidos no fijos prorrogados sucesivamente, "la conversión de esos contratos temporales en contratos fijos puede constituir".