Alavedra y Prenafeta, ex altos cargos de Pujol, al banquillo por corrupción

Ruz les impone 32 millones de fianza civil que deben depositar en diez días.

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha dado carpetazo al «caso Pretoria» de supuesta corrupción urbanística en varios municipios catalanes sentando en el banquillo a once personas –entre ellas el ex conseller Macià Alavedra y el ex secretario general de Presidencia de la Generalitat Lluís Prenafeta, hombres de máxima confianza del entonces presidente catalán Jordi Pujol–, a las que ha impuesto unas fianzas de responsabilidad civil que suman más de 102 millones de euros, que deberán prestar antes de diez días si no quieren enfrentarse al embargo de sus bienes. La más alta (30,1 millones) corresponde al ex diputado del PSC y supuesto «cerebro» de la trama corrupta Luis García Sáez, «Luigi», que se enfrenta a una petición fiscal de ocho años de prisión por tráfico de influencias, blanqueo y cohecho. Prenafeta –para quien la Fiscalía solicita una condena de seis años y diez meses de cárcel por tráfico de influencias y blanqueo de capitales– no le anda a la zaga, pues Ruz le ha impuesto una fianza de 18,3 millones. Alavedra, que afronta la misma petición de condena por idénticos delitos, debe prestar una fianza inferior (13,7 millones de euros). A los dos ex altos cargos de la Generalitat no se les sienta en el banquillo por delito fiscal, aunque supuestamente defraudaron a Hacienda 7,8 millones, porque esos hechos ya han prescrito.

Al ex alcalde de Santa Coloma de Gramanet –para quien la Fiscalía Anticorrupción pide seis años y diez meses de cárcel y trece de inhabilitación para el ejercicio de cargo público por cohecho– Ruz le ha impuesto 5,6 millones de fianza civil para hacer frente a las posibles responsabilidades que pudieran derivarse de los delitos que se le imputan.

En el auto de apertura de juicio oral que pone fin a la investigación que comenzó Baltasar Garzón en 2009, Ruz da diez días a los abogados de los once procesados para presentar sus escritos de defensa.

La relación de procesados la completan Manuel Valera, Manuel Dobarco, José Singla, Manuel Carrillo, Gloria Torres, Philip Mahan y María Lluïsa Mas (esposa de Prenafeta), a quienes Anticorrupción imputa delitos de tráfico de influencias, cohecho y blanqueo.

El juez Ruz considera que existen indicios suficientes de que los procesados integraron, entre 2000 y 2009, una trama de corrupción urbanística que llevaba a cabo «labores de intermediación e influencia en adjudicaciones públicas vinculadas a operaciones urbanísticas» en los municipios barceloneses de Santa Coloma, San Andrés de Llavaneras y Badalona. A cambio, obtenían «cuantiosas comisiones» (sólo Alavedra y Prenafeta se habrían repartido, según el juez, 21 millones de euros entre 1997 y 2008) que después se encargaban de blanquear en el extranjero utilizando «complejos entramados societarios y financieros». Alavedra se habría servido de empresas radicadas en las Islas Caimán y de cuentas andorranas a nombre de su esposa (ya fallecida) y Prenafeta recurrió a depósitos en bancos de Suiza y Andorra titularidad de su esposa, Maria Lluïsa Mas Crussels, y Buic, una empresa instrumental.

El perjuicio causado a las arcas municipales de los ayuntamientos afectados en diversas adjudicaciones supuestamente amañadas alcanzaría, según la investigación, los 45 millones de euros.