Caso ERE

Alaya investiga a un miembro de la Ejecutiva regional del PSOE de Díaz

El secretario de Agricultura recibió 301.875 euros para cursos de formación

La juez Mercedes Alaya
La juez Mercedes Alayalarazon

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la jueza Mercedes Alaya investigan a José Fernández de los Santos, secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Ejecutiva Regional del PSOE andaluz, de la que está al frente la presidenta de la Junta en funciones, Susana Díaz. ¿En qué contexto? La macrocausa de los cursos de formación del Gobierno autonómico.

Fernández es afiliado en el PSOE desde 1993 y a UGT desde 1996 y ha desempeñado distintos cargos públicos y orgánicos vinculados a Huelva. En la actualidad ostenta también la secretaría de Organización de la Agrupación Municipal Socialista onubense y está contratado como jefe de gabinete de Presidencia de la Diputación de aquella provincia desde 2011, según consta en la web del propio partido. Su trayectoria profesional incluye una etapa en el sector privado, en concreto en el periodo comprendido entre 2008 y 2011.

¿Por qué aparece su nombre en el caso de los cursos? La UCO explica en un oficio fechado el pasado 2 de febrero, al que ha accedido LA RAZÓN, que el avance de las pesquisas «ha permitido identificar a una empresa que habría recibido subvenciones públicas para desarrollar acciones formativas» que, «al igual que otras que pertenecen a los entramados investigados», carecería de «instalaciones adecuadas para realizar dichos cursos». Se refieren a Multiservicios y Limpiezas Doñana SL, cuyo administrador «en los ejercicios en los que se recibieron» fondos de la Administración era el secretario de Agricultura. «Obtuvo –añaden– concesiones para realizar la limpieza de varios edificios públicos –las sedes de las delegaciones provinciales de las consejerías de Obras Públicas y de Salud–».

La mercantil gestionada por Fernández fue beneficiaria de dos ayudas, una en 2011 por 89.010 euros y otra en 2010 de 212.865, se detalla en el oficio. El global de los fondos públicos que se le asignaron a la empresa a priori de servicios que luego amplió su actividad hacia la formación fue, por tanto, de 301.875 euros.

Los investigadores piden a Alaya que solicite a su vez los expedientes de ambas subvenciones a la Dirección General de Formación de la Consejería de Educación para poder analizarlos.

La instructora recoge el guante y una semana después hace suyo lo expuesto por el Instituto Armado y asevera que Fernández de los Santos «gozó» de «relaciones con determinados cargos de la Administración siendo administrador» de Multiservicios y Limpiezas Doñana «en el periodo en el que se recibieron las subvenciones». La magistrada refleja que el socialista «ha desempeñado en distintas épocas cargos en el Ayuntamiento y en la Diputación de Huelva», así como su inclusión en la actual Ejecutiva de Díaz. Alimentados los razonamientos jurídicos, en la parte dispositiva de su resolución, Alaya ordena que se libre mandamiento a la mencionada dirección general para que aporte los expedientes ligados a la sociedad limitada del socialista.

Preguntado por el auto de Alaya, Fernández quiere apuntar varias cuestiones. Para arrancar, que el volumen del trabajo de la que fuera su empresa en formación era «en torno al 15%» y que además la vendió «en diciembre de 2011» y no se incorporó a la Diputación «hasta no estar seguro» de su «completa desvinculación de ella». Respecto a las instalaciones señala que «la nave tenía la licencia de apertura y de primera ocupación», para matizar que, una vez decidió impartir cursos, «la Administración las homologó en función de las exigencias de los que íbamos a dar». Dice «estar tranquilo» porque «no ha cometido ninguna irregularidad» y garantiza que siempre «ha hecho las cosas conforme a las normas y a la legalidad».