Alaya podría ordenar el embargo de la nómina de 22.000 euros al mes de Álvarez

Magdalena Álvarez recaló a finales de junio de 2010 en uno de los puestos más codiciados a nivel europeo por su elevada retribución, superior incluso a la de muchos miembros de la Comisión comunitaria. La ex ministra de Fomento goza de unas condiciones salariales envidiables en el Banco Europeo de Inversiones (BEI). Gana 22.963 euros al mes, más un 15 por ciento de esta cantidad como compensación por alojamiento y tiene derecho a en torno a otros mil euros mensuales de gastos de representación. Cuando fue nombrada vicepresidenta del BEI, al caso de los ERE fraudulentos le quedaban unos meses para una deflagración judicial que ha dado lugar a la imputación de más de 140 personas, entre ellas la propia Álvarez, a la que la juez Mercedes Alaya señala como una de las «promotoras» del sistema de pagos del «fondo de reptiles». Álvarez tenía garantizado un retiro dorado hasta mediados de 2016, pero el caso de los ERE le ha supuesto un fuerte traspié. Ahora no sólo está en el aire que acabe el mandato de seis años, sino que la fianza de responsabilidad civil de 29,5 millones de euros impuesta por la magistrada instructora puede llevarle a la asfixia económica en la que se encuentran otros ex cargos de la Administración imputados y con fianzas civiles millonarias, como el ex director general de Empleo Francisco Javier Guerrero, el ex consejero de Empleo Antonio Fernández o el ex viceconsejero y ex director general de Presupuestos Antonio Lozano.

El proceso es el mismo en todos los casos. Primero la juez señala un plazo para presentar las fianzas de responsabilidad civil, que pueden ser en metálico o mediante avales. En caso de que no se atienda este requerimiento o las cuantías sean insuficientes, la magistrada abre otro plazo –que no suele exceder las dos semanas– para fijar bienes sobre los que trabar embargo. Si tampoco se atiende esta petición o la cantidad no cubre la fianza civil, entonces es cuando la juez, en coordinación con la Agencia Tributaria, acuerda un rastreo para garantizar el máximo de la fianza civil por todas las vías posibles: patrimonio inmobiliario, acciones, saldos bancarios...

La vicepresidenta de Transportes Magdalena Álvarez es, de la cúpula directiva del BEI –un presidente y ocho vicepresidentes–, quien tiene mayor patrimonio, junto al vicepresidente de Energía Mihai Tanasescu. La dirigente socialista, según la declaración de bienes que puede consultarse en la página web del BEI, cuenta con cinco propiedades inmobiliarias: un apartamento en Sevilla –que lo tiene alquilado–, otro en Madrid, una casa en Benalmádena (Málaga), un apartamento en Estepona (Málaga) y otro en Málaga capital, también alquilado, además de siete plazas de aparcamiento. De los inmuebles de Sevilla y Estepona está pagando hipoteca. También cuenta con un seguro de vida, un depósito bancario y un fondo de pensiones.

En los datos que aporta el Banco Europeo de Inversiones no aparece el valor catastral de los inmuebles. No obstante, es prácticamente imposible que cubran los casi 5.000 millones de las antiguas pesetas de la fianza civil impuesta por Alaya, que es una auténtica losa.

Álvarez, salvo novedad judicial que lo cambie, está abocada a la asfixia económica. La magistrada ha decretado que le embarguen al ex consejero de Empleo Antonio Fernández para cubrir la fianza civil de 807 millones de euros todos los saldos bancarios, tres pisos, una plaza de garaje y hasta las devoluciones del IRPF y la indemnización de 31.400 euros que recibió como prejubilado de una empresa que recibió ayudas del «fondo de reptiles». El juzgado también ha iniciado recientemente el embargo de bienes al ex director general de Presupuestos Antonio Lozano; y al ex consejero de Empleo Francisco Javier Guerrero le han embargado hasta su moto Suzuki para cubrir la fianza de 686 millones de euros.