El eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez Fernández ha dado un paso al frente en su carrera política al anunciar su candidatura oficial a la Presidencia del Gobierno de España, bajo las siglas de su formación, 'Se Acabó La Fiesta' (SALF), con un programa centradp en "el mayor plan de deportación masiva de inmigrantes ilegales", eliminar impuestos o convocar un referéndum "para que los españoles decidan si quieren seguir en la UE".

Así lo anunció ayer durante un acto de su partido en la Plaza de Toros de Vista Alegre, en Madrid, donde se regocijó con un baño de masas entre gritos y cánticos de "¡Viva España!" o "Pedro Sánchez, hijo de puta"; un calificativo al presidente del Gobierno que no condenó en ningún momento.

Sin embargo, el que llegó al Parlamento Europeo hace poco más de un año -gracias al beneplácito de 800.000 españoles- con el objetivo de acabar con el sistema y la "corrupción sistemática", corre el riesgo de convertirse en 'uno más' y entrar en el juego que defendía extinguir, pues lo cierto es que, por el momento, la Justicia tiene abiertas cuatro causas judiciales contra él.

Cuatro causas abiertas con la Justicia del adalid antisistema

Alvise presentó su candidatura a los comicios españoles con un macroevento hasta ahora nunca visto en la formación. Pero no es oro todo lo que reluce, pues detrás de esta aparente normalidad se escondía la sombra de las cuatro causas judiciales que el eurodiputado tiene abiertas con la Justicia española.

La última de ellas fue hace tan solo seis días, cuando el Tribunal Supremo le abrió una nueva causa por delitos revelación de secretos y acoso a los dos eurodiputados que se presentaron con él por 'Se Acabó la Fiesta'.

Sin embargo no es la única causa pendiente, pues el eurodiputado tiene otras tres causas abiertas, entre las que se encuentra la presunta financiación ilegal de su candidatura a las europeas gracias a 100.000 euros en efectivo donados por 'CryptoSpain'.

Además, también se le investiga por difundir en 2021 una prueba PCR falsa del por entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, -lo que podría constituir delitos de falsedad e injurias-, así como por difundir varios mensajes a través de su canal de Telegram contra la fiscal Susana Gisbert que habrían llevado a insultos, amenazas, hostigamiento hacia la fiscal.