Tras la amnistía, los policías advierten: “Podemos ser ahora la cabeza de turco de esto”

Nueve de los 45 policías nacionales, que están acusados de delitos de lesiones por las cargas del 1-O y pendientes de juicios, han registrado una petición para que se les aplique también a ellos la Ley de Amnistía, ya en vigor, desde el pasado martes.

Desde los inicios de la tramitación de esta ley, el sindicato Jupol se manifestó en contra al ser una norma hecha a medida y al dictado de los políticos implicados en el procés. “No queríamos que se equiparara a los policías con los causantes del golpe de Estado”, apunta Ibon Domínguez, portavoz del sindicato policial Jupol. “Nos hemos opuesto radicalmente y he expuesto eso en medios porque es un atropello al Estado de derecho y a la igualdad de poderes”.

Tras haber sido aprobada y publicada la Ley de Amnistíaexigida por Carles Puigdemont a cambio de siete votos para la investidura de Pedro Sánchez, desde Jupol aseguran que respetan que haya nueve compañeros que van a ser juzgados que quieran terminar con el “calvario judicial” y la incertidumbre que llevan pasando durante siete años. “Es respetable”.

Sin embargo, Jupol tienen serias dudas de que se puedan acoger a la Ley de amnistía ya que, el artículo 2 de la norma, en su apartado b) hace referencia a los “tratos degradantes e inhumanos”. Recuerdan que “los compañeros siempre son denunciados por presuntas torturas o delitos contra la integridad moral”, un cajón desastre en el que creen que intentarán equiparar lo ocurrido, precisamente con la fórmula del “trato degradante”. De hecho, el delito que se les imputa, al menos a los 9 policías que habrían solicitado que se les aplique la ley de amnistía, estaría relacionada con este punto de “delitos contra la integridad moral”.

Aún hay que esperar que la norma sea aplicada por los jueces o no. “Esperamos que lo que se aplique sea el sentido común”, apunta Domínguez.

Hugo, policía de la UIP estuvo desplegado en Cataluña en el 1-O y también en los disturbios de Cataluña en 2019 -caso Tsunami-, cuando resultaron heridos de gravedad varios compañeros, aunque él no está entre los 45 encausados. Advierte de que “nosotros fuimos allí en defensa de la legalidad y del orden constitucional y, lo que nos encontramos el 1-O "han intentado decir que era resistencias pasivas, pero no. Eran bastante violentos. Fue un juez el que ordenó que ese referéndum no se debía efectuar y teníamos el mandato para evitar el referéndum”. Además, recuerda que aquel día, en los colegios, “se dedicaban a llevar las matrículas -el número de identificación que portan los policías” y con ello, denunciarnos. Había partes de lesiones más que inventados. No eran acordes, y hubo un juzgado que aceptó muchísimos”.

El bufete que lleva la defensa de los 9 agentes que quieren ver terminado el proceso cuanto antes coincide con el agente de la UIP en que se actuó con “proporcionalidad y la mesura necesaria”, de acuerdo con una “compleja situación” y con los “escasos medios de que fueron dotados”, para evitar “la acción de miles de ciudadanos congregados en los centros de votación”.

Este agente de la Unidad de Intervención Policial llama la atención también en que lo vivido en los disturbios de 2019 -la protesta de Tsunami-, cuando más de 200 policías resultaron heridos y tres agentes tuvieron que ser jubilados por los daños sufridos “se vivió una violencia desmedida que se terminó el día que pensaron que había muerto un policía”. "A algunos compañeros les partieron el brazo, nos lanzaban piedras...” Y, además, “esos días no hubo detenidos” a pesar de lo ocurrido, unos hechos que llevarían el sello de los CDR que sí que serán amnistiados con la Ley impulsada por el Gobierno de Sánchez.

" Yo tengo amigos que están pendiente de juicio por el 1-O". Sin embargo, cree que “no deberíamos solicitar estar incluidos en la amnistía porque no cometimos nada ilegal, porque fuimos a cumplir una sentencia y restablecer el orden, no fuimos a pasar la semana en un barco”. Asegura que la amnistía que se ha aprobado es “una falta de respeto” aunque, "entiendo que haya compañeros que desde 2017 se hayan acogido a esto. Ya van para siete años y no saben cómo puede terminar”. ¿Por qué? “Viendo las cosas que se ven, concediendo –a Puigdemont y cía, además de miembros de los CDR- una amnistía que no tiene sentido, entiendo que, aunque no haya por dónde coger las acusaciones contra mis compañeros, termine dándose la vuelta y encontrando cómo cogerlo. "Podemos ahora ser el cabeza de turco de esto, por ello, aunque no sea justo, entiendo que quieren quitarse de en medio”. “Es una pesadilla porque les dicen que han hecho lo que no hicieron y todas las semanas se habla de los 45 que están en proceso”.

Como policía, Hugo asegura que confía en la justicia, pero “la desconfianza está ahí tras ver todo lo que ha pasado con la amnistía y tras ver cómo está. Ya hemos llegado a ese punto de su publicación en el BOE cuando parecía que era algo imposible”. Sin embargo, de quien no espera nada es del Ministerio del Interior. “Estamos hablando de un ministro –Fernando Grande-Marlaska- que fue a ver a tres compañeros que estaban muy graves en el hospital y después han hecho esto” –acceder al dictado a redactar una ley para borrar los delitos de quienes les causaron aquellos daños que casi les cuestan la vida-. "No confiamos en que ahora desde Interior vayan a velar por ningún policía. Han pasado por el aro como han pasado”.