ANC, bajo la amenaza de suspensión

Los últimos informes policiales y el desafío a la legalidad de la asociación soberanista para lograr investir a Puigdemont «asumiendo las consecuencias penales» abonan la posible adopción de esa medida cautelar.

La posibilidad de instar la suspensión de actividades de las asociaciones soberanistas ANC y Òmnium Cultural ha estado sobre la mesa de la Fiscalía desde que la investigación a los principales responsables del proceso independentista, ahora en el Tribunal Supremo, recayera en la Audiencia Nacional. Sin embargo, para solicitar esa medida cautelar que el Ministerio Público ha barajado en los últimos meses ambas asociaciones deberían estar imputadas como personas jurídicas en el procedimiento. Pero ni la sedición ni la rebelión son delitos imputables a las personas jurídicas. De ahí que la existencia de posibles indicios de que se hayan podido utilizar con fines fraudulentos para perseguir fines ajenos a ambas organizaciones (la independencia de Cataluña por la vía unilateral) resulte determinante para que la Fiscalía pueda dar finalmente ese paso.

Con ambos líderes (Jordi Sánchez y Jordi Cuixart) en prisión desde el pasado 16 de octubre, la investigación al respecto se centra en determinar si, más allá de sus dirigentes encarcelados, las dos asociaciones están siendo utilizadas para perseverar en la vía unilateral que recogía la hoja de ruta independentista incautada al número dos de Junqueras en la Consejería de Economía, Josep Maria Jové.

Fuentes jurídicas consultadas recuerdan que «la ilegalización a través de la Ley de Partidos Políticos por parte de la Sala del 61 del Tribunal Supremo (TS) no afecta a las asociaciones». Esa posibilidad, por tanto (que no la disolución en sentencia si finalmente fuesen procesadas) está vedada jurídicamente. Pero no así la suspensión cautelar de actividades que ya se acordó, por ejemplo, por el juez Baltasar Garzón para HB, Batasuna y EH en agosto de 2002 (un paso previo a su posterior ilegalización por el TS) o, más recientemente, en octubre de 2013, por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco en relación a Herrira, el colectivo de apoyo a los presos de ETA, por «planificar, convocar y dar el soporte organizativo necesario» a más de un centenar actos de enaltecimiento a reclusos de la banda terrorista. Esa medida, que puede estar en vigor un máximo de cinco años (se suele acordar por un plazo inicial prorrogable de dos o tres años) puede modificarse en cualquier momento de la instrucción. «No le veo dificultad –aseguran esas mismas fuentes respecto a su posible adopción–, aunque tendría que ser en todo caso a petición de la Fiscalía». Es muy improbable, por tanto, que el juez Pablo Llarena la acordase a instancias de una acusación popular como VOX, cuya representación letrada, no obstante, no parece dispuesta a dar ese paso en solitario, a la espera de lo que pueda hacer el Ministerio Público.

Incrementar la conflictividad

Hace sólo unos días, Llarena señalaba a la ANC por impulsar supuestamente la movilización ciudadana «para forzar al Estado a aceptar la independencia» pese a la «altísima probabilidad» de que se produjeran «actos violentos en defensa de la declaración unilateral de independencia». La investigación debe esclarecer ahora si, como se recoge en la documento EnfoCats incautado a Jové, las asociaciones soberanistas eran las encargadas de provocar «un conflicto democrático de amplio apoyo ciudadano» y de «ir incrementando la conflictividad según la respuesta del Estado». La agitación de la calle, en suma.

Con la lupa puesta sobre esa posible instrumentalización, poco ayudan arengas públicas como la de ayer del Secretariado Nacional de la ANC instando a la investidura a distancia de Carles Puigdemont (prohibida por el Tribunal Constitucional) a despecho de «asumir las responsabilidades y consecuencias penales» y anunciando movilizaciones «para exigir» la investidura del ex president huido a Bruselas.

En los últimos días, además, un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil remitido al juez Llarena abunda en el papel que jugaron tanto la ANC como Òmnium en el proceso soberanista. El Instituto Armado cifra en más de 1,5 millones de euros el desembolso efectuada por ambas asociaciones (sobre todo la Asamblea Nacional Catalana) con el objetivo de que el referéndum ilegal del 1-O se celebrase. Esos gastos –en su mayor parte en marketing y publicidad y abonados a empresas de autobuses para sufragar los desplazamientos de simpatizantes de la causa soberanista a las concentraciones callejeras– se efectuaron entre el 7 de septiembre y el 11 de octubre del pasado año, cinco días antes de la entrada en prisión de «los Jordis».

La UCO atribuye a ambas asociaciones el papel de «poner a disposición de la causa independentista, a través de las movilizaciones, concentraciones o manifestaciones, una fuerza intimidatoria suficiente que actuara como un brazo civil del levantamiento auspiciado por las autoridades del Govern y de los diputados independentistas».

Otras fuentes consultadas ven más factible que la medida se pueda acordar respecto a la ANC, dado que Òmnium «aunque en parte se haya utilizado para apoyar el 1-O, se dedica fundamentalmente a actividades culturales. Se me hace muy difícil pensar que el juez vaya a suspender todas sus actividades». Además, advierten del riesgo de «provocar un conflicto social».

Asamblea Nacional Catalana: ¿De qué estamos hablamos?

La Asamblea Nacional Catalana (ANC), fundamental para entender el empuje del independentismo, es heredera de una serie de iniciativas ciudadanas surgidas en 2009, a raíz de la consulta promovida por Artur Mas. A partir de ese momento se empezaron a organizar referendos independentistas de manera informal en varios municipios. En total, 900.000 catalanes votaron en 553 consultas populares. Fue el germen de una organización nacida el 10 de marzo de 2012 que en su web se autodefine como «transversal y unitaria» y con el objetivo de alcanzar «la independencia de la nación catalana por medios democráticos y pacíficos». Se enorgullece de haber organizado «las dos mayores movilizaciones de la historia de los países catalanes» y algunas de las más grandes de Europa: las Diadas de 2012 y 2013.

Los líderes

► Jordi Sánchez (Zaragoza, 1964) llegó al frente de la ANC en mayo de 2015, cuando Forcadell ya se preparaba para tener un papel importante en la coalición Junts pel Sí de cara a las elecciones del 27-S. Su elección fue polémica porque se impuso a la candidatura de la escritora Liz Castro a pesar de no ser el más votado por los militantes de base. Sànchez era adjunto al Síndic de Greuges, cargo del que dimitió, y se le consideró una figura de consenso. Fue miembro de la Crida per la Solidaritat, muy activa en los 80, y también militante de ICV. Licenciado en Ciencias Políticas, es profesor en la Universidad de Barcelona. Se encuentra en prisión.

► Carme Forcadell (Tarragona, 1956), la ex presidenta del Parlament fue una de las indiscutibles impulsoras del independentismo y de las masivas movilizaciones de los últimos años. Antes fue concejal de ERC en Sabadell, aunque en la lista de Junts pel Sí para el 27-S figuraba como independiente. Socia de Òmnium Cultural, tiene un Máster en Filología Catalana y fue responsable durante años de los servicios de normalización lingüística del departamento de enseñanza catalán. Siempre se caracterizó por su cercanía al ex presidente de la Generalitat Artur Mas.

► Agusti Alcoberro, vicepresidente de la ANC y «sucesor» de Sánchez. «Por más personas que encarcelen, siempre habrá relevo. Tenemos una magnífica cantera, que es el pueblo de Cataluña», fue la promesa que hizo en octubre durante una manifestación en Barcelona, baño de masas con el que se ganó la etiqueta de sucesor del mayor de los «Jordis». Nacido en 1958, optó por el activismo político desde joven. Se unió al Partido Socialista de Liberación Nacional, que abogaba por la lucha armada y que llegó a firmar un acuerdo con ETA. Historiador, se le considera cercano a ERC.

La financiación: Más de 83.000 afiliados

Aunque se trata de una entidad independiente, la ANC está íntimamente ligada al Gobierno catalán y forma parte del motor interno del secesionismo con sus más de 500 asambleas territoriales. La sospecha es que se ha financiado a través de subvenciones indirectas del Gobierno catalán, de las diputaciones y de los ayuntamientos nacionalistas, y también a través de las donaciones de empresarios y particulares. Porque sus cuentas son opacas y objeto de especulación desde su fundación. Los únicos datos que se conocen son los publicados en prensa. Así, por ejemplo, el último informe de resultados relativo a 2016 reflejaba unos ingresos de 3,3 millones y unos beneficios que ascendían a 523.000 euros que, descontando los impuestos, supuso un superávit de 246.000 euros para la asociación, según El Confidencial. Para La Sexta, estos ingresos fueron de 1,69 millones de euros ese año. Un año después, la ANC rebajó su previsión de ingresos a 1,9 millones y, en consecuencia, lo hicieron el resto de partidas, a excepción de la relativa al personal, que volvió a crecer de los 450.095 euros a 537.133. La entidad soberanista cuenta con más de 80.000 afiliados y tiene 584 sedes. Una de sus fuentes de financiación son los productos de «merchandising» –camisetas, banderas, mochilas, banderolas, etc–. Eso y una caja de solidaridad que se nutre de donaciones voluntarias habrían servido para pagar las fianzas de Carme Forcadell (150.000 euros) y los otros cuatro ex miembros de la Mesa del Parlament de Cataluña (100.000 euros en total). En septiembre de 2017, la ANC hizo públicos dos números de cuenta bancarios destinados al pago de la fianza impuesta a Artur Mas por organizar el del 9-N. La campaña de captación de donativos logró recaudar casi dos millones y medio de euros.