Andorra envía a España miles de folios de las cuentas del clan Pujol

La documentación llegada se remonta al «caso Banca Catalana», en el que el ex president fue acusado de apropiación indebida.

Jordi Pujol y su esposa, Marta Ferrusola, a la salida de su domicilio de Barcelona
Jordi Pujol y su esposa, Marta Ferrusola, a la salida de su domicilio de Barcelona

La documentación llegada se remonta al «caso Banca Catalana», en el que el ex president fue acusado de apropiación indebida.

El cerco para que la «trama» de la familia Pujol se investigue en una «macrocausa» por un juzgado de la Audiencia Nacional avanza poco a poco. A la decisión adoptada días pasados por el Juzgado de Instrucción número 31 de Barcelona (que instruía la investigación generada a raíz de la confesión pública del ex presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, de que había ocultado dinero en el extranjero) de inhibirse en favor del Juzgado de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional, se une ahora la llegada desde Andorra de una voluminosa información sobre los movimientos bancarios de dicha familia en diversas entidades de aquel país.

Según han informado a LA RAZÓN fuentes de la investigación, dicha documentación, cuyos folios colocados unos sobre otro supera con creces el metro de altura, está ya en manos de la Justicia española. Dado el volumen y la complejidad de la documentación, ha sido remitida a los expertos policiales en la materia para que procedan a su ordenación, que llevará varias semanas, con el fin de ser enviadas a las correspondientes diligencias que investigan varios jueeces.

Según una primera aproximación al «tocho» que ha remitido la Justicia andorrana, existen datos que llegan incluso al asunto Banca Catalana, que data de 1986 en el que se llegó a proponer el procesamiento de Jordi Pujol padre por presuntos delitos de apropiación indebida, falsedad en documento público y mercantil y maquinación para alterar el precio de las cosas, petición fiscal que fue rechazada por el pleno de la Audiencia de Barcelona. En marzo de 1990, fue decretado el sobreseimiento definitivo del sumario.

Quizás basado en esta experiencia o por otras razones, Jordi Pujol, como cabeza de la supuesta «trama» y después de la confesión pública que realizó en julio del año pasado, en la que admitía que había tenido dinero de forma irregular en el extranjero, lejos de adoptar una actitud de arrepentimiento, organizó, a través de sus abogados, una estrategia para que la Justicia andorrana no facilitara ningún dato a la española.

Las fuentes que ha consultado este periódico subrayan que ese fue el gran fallo que cometió el ex president, ya que él mismo se puso contra la palestra al negarse a que unos datos sobre una fortuna que provenía, según él, de una simple herencia, de la que, en principio, no habría nada que ocultar, estuvieran en posesión de la Justicia española.

Ha sido por otra parte un triunfo de los los magistrados españoles que en Madrid y Barcelona iniciaron las investigaciones, no sólo sobre él y su esposa, sino sobre el resto de la familia.

A través de las correspondientes comisiones rogatorias y aportando los datos que que cada momento se les solicitaban desde Andorra, han logrado que toda esa documentación se halle hoy en nuestro país.

En vez de mantener una postura de arrepentimiento y colaboración con la Justicia, tal como se desprendía de su confesión pública, los letrados de los Pujol presentaron una batería de recursos para que las peticiones de la Justicia española fueran rechazadas de plano.

Los distintos intentos de restar validez a las pesquisas de los magistrados españoles, basadas en informes de los expertos policiales de la UDEF, han fracasado.

Ahora, con dos investigaciones ya residenciadas en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, a las que con el tiempo se puede sumar alguna más, los argumentos aportados por España han pesado más que los esgrimidos por los letrados de la familia Pujol.

La macrocausa contra los Pujol, cuyos miembros son investigados en distintos sumarios, es un asunto en el que la Fiscalía Anticorrupción y la la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Comisaría General de Policía Judicial (CGPJ) del Cuerpo Nacional, coinciden ya que se daría una gran operatividad a las investigaciones, tal y como adelantó LA RAZÓN la semana pasada.