Anticorrupción designa a un tercer fiscal para llevar el «Caso UGT»

La Fiscalía Anticorrupción ha nombrado un nuevo fiscal delegado en Sevilla para encargarse de la denuncia contra UGT por financiarse supuestamente con fondos públicos destinados a la formación de los trabajadores.

La Fiscalía Anticorrupción ha nombrado un nuevo fiscal delegado en Sevilla para encargarse de la denuncia contra UGT por financiarse supuestamente con fondos públicos destinados a la formación de los trabajadores.

Fuentes judiciales han informado hoy a Efe de que Fernando Soto, hasta ahora fiscal especializado en delitos económicos, se ha unido a Juan Enrique Egocheaga y Manuel Fernández Guerra, delegados de la Fiscalía Anticorrupción en Sevilla que se ocupan del caso de los ERE y del sumario que investiga las inversiones de la empresa de capital riesgo andaluza Invercaria.

En diciembre pasado, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz acordó remitir a la juez de instrucción 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, la denuncia del sindicato Manos Limpias sobre la presunta financiación de UGT con fondos de la Junta para parados.

Las citadas fuentes han precisado que la Fiscalía ha acordado ampliar su plantilla de Anticorrupción y asignarle la investigación que desarrollará la juez Alaya.

Manos Limpias denunció en la Audiencia Nacional al secretario general de UGT, Cándido Méndez, y al tesorero Antonio Retamino porque supuestamente UGT se quedaba con un 15 % de las subvenciones para cursos de formación y el Instituto para la Formación y Estudios Sociales (IFES), creado por el sindicato, con otro 4 %.

A la vez, la juez Alaya mantiene abiertas diligencias contra UGT por otra denuncia de Manos Limpias, ampliada con sucesivas informaciones que iba publicando El Mundo sobre el destino de los fondos que recibía para formación de parados a gastos internos del sindicato, a pagar comidas en la Feria de Sevilla y a regalar a sus afiliados bolsos falsificados en China.

El juez Pedraz, sin embargo, dejó una puerta abierta al retorno del caso a la Audiencia Nacional, al señalar que si Alaya "observa que efectivamente se dan aquellos presupuestos competenciales acuerde rechazar la inhibición"y remitirle el caso.