Cristina Dexeus: «Aquí no hay presos políticos»

Así lo afirma Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales y Coordinadora de la Fiscalía de la Audiencia de Barcelona.

Cristina Dexeus nació en la Ciudad Condal, de familia netamente barcelonesa. Su único destino ha sido Barcelona desde que en 1989 se incorporó a la Carrera Judicial, tras estudiar Derecho en la Universidad Complutense de Madrid.

–¿Cómo se ve desde la Asociación de Fiscales la situación de la Justicia en España?

–Necesitada de una profunda reforma. En primer lugar, necesitamos saber qué tipo de Justicia buscamos, sobre todo en el ámbito penal; propugnamos la figura del fiscal investigador; necesitamos; autonomía presupuestaria, de gestión, etc.

–¿El fiscal es independiente?

–Individualmente lo es. Tiene mecanismos para oponerse a lo que diga la jefatura, y, en principio, la independencia personal o individualmente está garantizada. Otra cosa es que como institución necesitamos desvincularnos del Ministerio de Justicia, porque actualmente controla nuestros presupuestos, nos reglamenta, nos gestiona, y eso no debería ser. Deberíamos tener la autonomía suficiente para gestionarnos.

–Y debería abordarse también una nueva regulación sobre el fiscal general del Estado para garantizar su independencia?

–No es tanto una cuestión de nombramiento, que también se puede revisar, sino de cese. Hay que controlar que no exista ningún cajón de sastre como causa de cese. También habría que revisar el plazo de nombramiento, que debería ser de cinco años y no de cuatro, que estuviese entre dos legislaturas y que la comunicación con el Gobierno siempre sea por escrito. Y la posibilidad de que tenga que acudir al Consejo de Ministros para dar cuenta de su actuación debería desaparecer; y potenciar el papel del Consejo Fiscal. Una vez nombrado el fiscal general no se le podría cesar salvo por causas tasadas y supervisadas y pasase el filtro, por ejemplo, del Consejo Fiscal.

–¿Qué piensa cuando se etiqueta a su asociación de «conservadora»?

–Esta asociación es profesional, busca la mejora de la Justicia y la mejora de las condiciones laborales de los fiscales, y como somos mucho más de 500, etiquetarla de «conservadora» es de un simpleza tremenda. Nunca nos metemos a políticos, sino que trabajamos en temas profesionales y por eso molestan las etiquetas. En muchos temas somos «rompedores».

–¿Cómo vive una ciudadana de padres catalanes encargada de velar por el cumplimiento de la legalidad?

–Como ciudadana, lo que interesa es que el Parlament, que lleva cerrado desde julio, empiece a funcionar; que haya un Gobierno y un presidente que gobierne para toda la ciudadanía y no para un sólo sector y que lo haga dentro de la legalidad y con absoluto respeto a la Constitución. Como fiscal, lo vivo con preocupación, obviamente. Es una situación que, en principio, nunca hubiera creído posible que se produjera: que representantes de la ciudadanía se pusieran por encima de la legalidad y pretendieran que eso no fuese perseguido, es algo que me deja perpleja, cómo un político puede pensar que está por encima de la legalidad

–¿Qué le parece que desde algunos sectores independentistas digan que los encarcelados por el 1-O son «presos políticos»?

–Aquí no hay presos políticos. España es un Estado democrático de primera categoría, absolutamente homologable a cualquier país de la Unión Europea. Y ellos, sin embargo, lo que quieren hacer ver a la mitad de los catalanes es que son presos políticos. Aquí se está en defensa de la legalidad: los ciudadanos que no cumplan la Ley deberán responder por ello.

–También se dice que el Estado lo que está haciendo es perseguir una ideología.

–Si eso fuese así tendríamos dos millones de personas en prisión. Aquí no se persigue ninguna ideología.

–¿Considera que en relación al «procés» se respetan las normas de Derecho Internacional?

–Creo que se respetan absolutamente. Los hechos que se han cometido están tipificados dentro de la legislación española, que también son reconocidos a nivel internacional y la prisión preventiva es para evitar el riesgo de fuga y reiteración delictiva. Por tanto, creo que todas las medidas pasan los filtros de legalidad.

–Al final, lo que tenemos es que uno de los responsables de todo lo que sucede, Carles Puigdemont, se encuentra huido de la Justicia.

–El colapso final a esta situación lo ha provocado él, huyendo e intentando ser presidente en el autoexilio.

–¿Qué panorama judicial le espera?

–La actuación y la misma aplicación de la Ley que al resto de investigados en la causa. Seguirá el mismo camino de los que actualmente están investigados, y existiendo una orden nacional de detención, pues no es difícil aventurar lo que le puede suceder.

–¿La situación que se vive actualmente tiene difícil situación?

–Lo primero es que haya gobierno. Si nos encasillamos tendrá difícil situación. Se ha producido una evidente fractura social, un deterioro económico relevante que pasará factura y eso no se solventará en meses o en un año. Revertir esta situación es complicado. Pero el primer paso lo tienen que dar los políticos formando Gobierno con un presidente al frente que dirija a toda la comunidad, que no gobierno sólo para unos y que, por su puesto, no esté por encima de las leyes.

–La Justicia es el último baluarte que queda en Cataluña para defender la legalidad constitucional?

–Pues sí. Como defensa de la legalidad, la Justicia, como Poder del Estado.

–Si la situación de la independencia avanza, ¿serían muchos los fiscales que abandonarían Cataluña?

–La situación en Cataluña no es cómoda para trabajar. Somo profesionales que lo que queremos es cumplir con nuestra función y dar un servicio público de calidad. Esta situación, por supuesto, donde estamos en la picota constantemente o se nos puede llegar a considerar un órgano represor de un Estado fascista, es algo absolutamente indeseable; y sí es verdad que hay compañeros que ya se están marchando, están concursando, donde algunos con suerte han logrado plaza. Pero la gente, los fiscales, se está planteando marcharse y eso es lo que el Estado debe evitar, propiciando que los compañeros se queden.

–¿Usted tiene pensado marcharse?

–Si se creara una República catalana con una Justicia catalana, desde luego que me marcharía. Sé lo que he prometido defender, que es la Constitución y, desde ello, es incompatible con cualquier otra pretensión. Pero considero que es imposible que se llegue a esa situación. No niego que los independentistas no pueden aspirar a sus pretensiones, pero siempre a través de los cauces constitucionalmente previstos.