Asilo imposible

La dirigente de la CUP Anna Gabriel se encuentra ya en Suiza, donde tiene previsto presentar una solicitud de asilo en los próximos días. Después de haber retrasado su comparecencia ante el Tribunal Supremo, finalmente ha decidido ser una prófuga de la Justicia y huir a otro país.

Como en el caso del ex presidente de la Generalitat Puigdemont hablamos aquí de «turismo de asilo», cuando el solicitante estudia las distintas legislaciones de los países para determinar cuál es la más favorable para sus intereses en cuanto a protección y asistencia. Esta conducta es considerada contraria al espíritu de la protección internacional a los refugiados, pues cuando uno es perseguido simplemente huye a donde pueda. Evidentemente, hablamos aquí de una selección entre países que sean parte de la convención de Naciones Unidas de 1951, que es la que establece los requisitos para la concesión de la protección por los Estados.

La selección de Suiza, en ese sentido, está plenamente fundamentada como muy favorable a los intereses de Anna Gabriel, ya que este país no sólo es parte de dicha convención sino que, como en el caso de Bélgica, su legislación no recoge el delito de rebelión. En caso de que España pidiese su extradición probablemente las autoridades suizas la rechazarían porque, para que se pueda dar, los hechos perseguidos han de ser considerados delito en ambos Estados. Tampoco cabría la aplicación de la reciprocidad pues nuestro país rechazó recientemente la extradición a Suiza de Hervé Falciani, que había desvelado a los jueces españoles los nombres de defraudadores fiscales amparados en el secreto bancario.

En cuanto a la propia solicitud de asilo, lo esperable es que sea rechazada por Suiza en primera instancia. No porque su procesamiento no pudiera ser considerado un acto de persecución política de acuerdo con la interpretación general del Derecho internacional, sino porque España es un Estado de Derecho con un sistema de garantías judiciales homologable al de cualquier otro país europeo y coronado por la jurisdicción del Tribunal europeo de derechos humanos de Estrasburgo, que asegura la protección de todos los ciudadanos.

Precisamente, ese tribunal regional europeo también es competente en Suiza y será el que dirimirá al final la cuestión de la supuesta persecución política de Anna Gabriel si persiste en su voluntad de refugio en el país alpino y apela a sus más altas instancias. Un proceso largo, en todo caso, unos cuatro años. Los solicitantes de asilo en Suiza reciben una generosa asistencia de los servicios sociales y tienen derecho a trabajar.

Profesor de Derecho Internacional Público de la UNED