Bermúdez asume también los «papeles de Bárcenas» y abre un conflicto con Ruz

Lío a la vista en la Audiencia Nacional. Dos jueces de instrucción, Pablo Ruz y Javier Gómez Bermúdez, han entablado un tira y afloja por asumir la investigación de la supuesta contabilidad «B» del PP. Si hace cinco días era el primero quien daba un paso al frente al apreciar vínculos entre el «caso Gürtel» y los «papeles de Bárcenas», ayer era el juez del 11-M quien admitía a trámite, en contra de la Fiscalía Anticorrupción, una querella de Izquierda Unida (IU) con la presunta trastienda contable del PP en el punto de mira.

Pero Gómez Bérmudez ha ido un paso más allá que su compañero (que se abstuvo, por el momento, de precisar posibles delitos e imputados) y ya ha citado a declarar como imputadas –los próximos días 25, 26 y 27– a doce personas: además de Bárcenas; su antecesor en el cargo Álvaro Lapuerta; el ex secretario de Organización del PP gallego Pablo Crespo, supuesto número dos de Francisco Correa, cabecilla de la «trama Gürtel», y nueve empresarios que habrían efectuado donaciones al PP entre 2002 y 2009 a cambio de adjudicaciones de obras y contratos públicos. Entre estos últimos figuran Juan Miguel Villar Mir, ex presidente de OHL; el constructor Alfonso García Pozuelo, y Luis de Rivero, ex presidente de Sacyr Vallehermoso.

Tres querellados, sin embargo, no están en esa relación de imputados. Para el magistrado, incluir en esa lista ahora a los ex ministros Rodrigo Rato, Ángel Acebes y Federico Trillo resulta «prematuro» ante el «excesivamente débil, difuso o especulativo» vínculo entre el supuesto pago de sobresueldos a los dirigentes del PP y las hipotéticas contraprestaciones. Cruzar esa línea ahora, concluye, «sólo distorsionaría la instrucción».

El magistrado recuerda que, aunque los partidos políticos no tienen responsabilidad penal, «es indiscutible» que el PP se ve afectado por la investigación, «en el mejor de los casos como tercero partícipe a título lucrativo» (quien se beneficia de los efectos del delito sin haberlo cometido), lo que de acreditarse le obligaría a «resarcir el daño».

Listado de donaciones

Gómez Bermúdez no pasa por alto que la Fiscalía le solicitó inhibirse del asunto, pero añade que antes de pronunciarse al respecto debe «oírse a los querellantes» y solicitar toda la documentación necesaria tanto a Ruz como a Anticorrupción «para poder resolver con suficiente criterio».

En su resolución, el magistrado da siete días de plazo al PP para que le remita el listado de donaciones percibidas por el partido entre 2002 y 2009, una petición que hace extensiva al Tribunal de Cuentas en busca del rastro de esas donaciones en ese periodo. Asimismo, reclama a la Seguridad Social el historial de Bárcenas y a Hacienda las retenciones efectuadas por el PP por las cantidades que han reconocido ingresar del partido el presidente del Senado, Pío García Escudero, y el ex presidente balear Jaume Matas, entre otros.

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 reclama también al Registro Público de Contratos las adjudicaciones de las que hayan podido ser beneficiarias trece empresas (entre ellas Mercadona, Aldesa, OHL y Fomento de Construcciones y Contratas) vinculadas con los posibles donantes. Por último, ordena que se requiera a «El País» para que aporte «los originales» de toda la documentación atribuida a Bárcenas sobre la supuesta contabilidad opaca del Partido Popular.

La Fiscalía moverá ficha con la Sala de lo Penal a la expectativa

La Fiscalía Anticorrupción está casi obligada a recurrir la resolución de Gómez Bermúdez después de que el fiscal general del Estado se mostrase hace unos días «absolutamente de acuerdo» con la decisión de Ruz de abrir una pieza separada dentro del «caso Gürtel» para investigar la supuesta contabilidad «B» del PP.

La interposición de un recurso de reforma ante el propio Gómez Bérmudez es la opción más plausible, que abriría la puerta a la entrada en escena de la Sala de lo Penal si el juez se mantiene en sus trece y la Fiscalía recurre después en apelación.

Pero no es la única. Anticorrupción podría instar también al juez Ruz para que requiera a su compañero que se inhiba. Además, cualquiera de los imputados, aseguran fuentes jurídicas, podría recurrir el auto si considera que se están llevando a cabo instrucciones paralelas sobre idéntico objeto.

Según las fuentes consultadas, Ruz se enteró ayer de la decisión de su compañero en la sede de la Fiscalía General del Estado, durante la entrega de la medalla de San Raimundo de Peñafort a Patrice Ollivier-Maurel, ex magistrado de enlace con Francia en la lucha antiterrorista. «Me acaban de llamar para decirme que hay crisis en la Audiencia...», comentó en un corrillo quitando hierro al asunto.

En la Audiencia Nacional había disparidad de opiniones. Mientras algunos se mostraban sorprendidos por la decisión de Gómez Bermúdez, otros la respaldaban sin fisuras. «Lo que no puede ser es que la "Gürtel"acabe como una causa general en la que se investigue todo. Si había vínculos, Ruz debería haber aceptado la competencia antes», aseguraban.