C’s hace un guiño al PSOE y no pide la dimisión del consejero investigado

Cambia el discurso en 24 horas y mantiene su apoyo a la Junta pese al proceso abierto

El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Granada, Luis Salvador (dcha.), saluda al recién elegido alcalde de Granada, Francisco Cuenca
El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Granada, Luis Salvador (dcha.), saluda al recién elegido alcalde de Granada, Francisco Cuenca

Ciudadanos y Partido Socialista evitaron suscribir un pacto de Gobierno con reparto de consejerías como el de PSOE e IU de la IX Legislatura.

Ciudadanos y Partido Socialista evitaron suscribir un pacto de Gobierno con reparto de consejerías como el de PSOE e IU de la IX Legislatura. Sin embargo, la unidad de acción entre las dos formaciones funciona con menos sobresaltos de los que tuvo la presidenta andaluza, Susana Díaz, con Izquierda Unida. Díaz consiguió sacar adelante los Presupuestos de 2016 con un apoyo que C’s brindó antes incluso de que las cuentas se conocieran públicamente; y reclamaciones de C’s que incomodan al PSOE como la rebaja del impuesto de Sucesiones y Donaciones o la reforma de la Ley Electoral de momento se limitan a mesas de trabajo sin perspectiva a corto plazo de fructificar en propuestas concretas.

Esta unidad de acción se está robusteciendo en la recta para las elecciones del próximo 26 de junio. Ciudadanos evita ahora pedir la dimisión del consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano, al que ha citado como investigado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) por presuntos delitos de prevaricación administrativa y falsedad documental; votó ayer junto a Vamos Granada –marca blanca de Podemos– y PSOE para arrebatar al PP la Alcaldía de Granada; y esquiva la proposición del PP para que sea reprobado el consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, quien ha atacado en un programa de televisión la independencia de jueces y fiscales y dijo que si Podemos crecía electoralmente significaría que la sociedad está «enferma».

Con el caso del consejero investigado –imputado hasta la reciente reforma de la ley de injuiciamiento criminal–, Ciudadanos ha experimentado un giro de 360 grados en sólo 24 horas. El miércoles, cuando trascendió la citación del Alto Tribunal, la dirección regional optó por la cautela y se acogió a la coletilla del pacto firmado con el PSOE para la investidura de Díaz, que señala que cualquier cargo que resulte imputado por un caso de «corrupción política» será apartado inmediatamente. Esa coletilla es un socorrido burladero porque se presta a la interpretación de qué es corrupción política. Aun así, entrada la tarde del miércoles, el vicesecretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, advirtió en los pasillos del Congreso de que el pacto entre las dos formaciones en Andalucía corría «peligro» si Ramírez de Arellano no abandonaba su cargo.

Villegas cambió radicalmente el discurso ayer por la mañana en una entrevista en TVE. Afirmó que su partido no va a pedir que Ramírez de Arellano salga del Gobierno porque no se trata de un caso de «corrupción política», de alguien que «mete la mano en la caja, sino de hacer un mal uso de un proceso». En la misma idea insistió el líder regional de la formación naranja, Juan Marín, quien explicó que su partido ha llegado a esta conclusión después de haber mantenido una reunión a principios de semana con el consejero investigado, que le entregó documentación sobre el caso que han analizado los servicios jurídicos de su formación. Marín no ve, por tanto, «ningún motivo» para pedir la dimisión y todo lo achaca a que hay quien quiere «sacar de contexto» el asunto.

Conviene recordar que la citación como investigado de Ramírez de Arellano se produce por la adjudicación del edificio Centrius de Sevilla en la etapa en la que el ahora consejero era vicerrector de Infraestructuras de la Universidad de Sevilla. La obra estaba presupuestada en 34 millones de euros y los indicios del TSJA apuntan a que se enmascaró con visos de concurrencia competitiva lo que en la práctica fue una adjudicación a medida.

En cuanto al consejero de Justicia, Marín consideró más «razonable e ilustrativo para todos» que De Llera comparezca en el Parlamento, en lugar de una reprobación a través de una PNL.