Eleuterio Sánchez Rodríguez escribió en 1977 «Camina o revienta». Lo hizo en la cárcel donde cumplía condena por un robo y un asesinato. Le condenaron a la pena capital que fue conmutada por cadena perpetua. El Lute salió de la cárcel en 1981, pero protagonizó dos sonoras fugas que le dieron fama mediática. «Camina o revienta» es también el mensaje que ayer trasladó Junts per Catalunya al Gobierno de Pedro Sánchez. Al contrario que el Lute, Míriam Nogueras ha conmutado la cadena perpetua al Ejecutivo porque bloqueará toda la actividad legislativa por la pena capital. Sin embargo, la mano derecha de Carles Puigdemont ha dejado en el aire la fecha de la ejecución. Es la cuarta fuga de Junts per Catalunya de la mayoría plurinacional que hizo presidente a Pedro Sánchez en 2023. Los Presupuestos Generales del Estado, la Ley de reducción de jornada, Decreto Ómnibus que tumbó hasta doce iniciativas sociales y el impuesto de las energéticas y la Ley del Suelo han sido las deserciones más sonadas de Junts, aunque no las únicas.

El Gobierno, que dice seguir con la mano tendida, tras cada fuga conseguía que Junts volviera al redil y abandonara aquella idea de pedir que Sánchez se sometiera a una moción de confianza. Después de la ruptura de Puigdemont desde Perpignan, Junts ha querido dar una nueva vuelta de tuerca. No llega a la moción de censura ni a pedir un adelanto electoral, pero cierra el grifo de la legislatura. Miriam Nogueras compareció en el Congreso, rodeada de los diputados de su formación, en una convocatoria realizada de urgencia. Según apuntaban los convocantes, lo que diría Junts iba a petrificar al Gobierno.

Nogueras utilizó un lenguaje duro desde el primer momento. «No habrá más colaboración, ni más negociación», sentenció. Según Junts quedan en el aire más de 50 iniciativas «a no ser que el PSOE pacte con PP o Vox», argumento que repite hasta la saciedad desde hace unos días. Ayer mismo, presentó enmiendas a la totalidad a varias leyes que están en trámite de enmiendas. Entre ellas, por ejemplo, la Ley de Prevención del Consumo de Alcohol o el proyecto de ley de familias. Sin embargo, fuentes parlamentarias apuntan que serán bastantes menos las que se verían afectadas, pero, de facto, la legislatura queda bloqueada. Solo acabarán de transitar por los vericuetos parlamentarios cuatro leyes que están en su fase final de tramitación: la ley de Economía Social, la de Atención a la Clientela y la del Cine –todas ellas aún en el Congreso–, además de la ley de Movilidad Sostenible, ya en el Senado, y el real decreto sobre la ELA. Junts ha sentenciado al Gobierno con este movimiento táctico. Los neoconvergentes se quejan continuamente de los incumplimientos del Ejecutivo. No parece abandonarles la razón porque una encuesta que aparecerá este fin de semana afirma que una mayoría de catalanes considera que Sánchez no ha cumplido sus compromisos. Según este estudio, también más de un 35% de los votantes socialistas comparten este criterio, junto a un porcentaje similar de los votantes de los Comunes. Puigdemont aprieta en este tornillo, sabedor de que la moción de censura, instrumental, pactada con PP y Vox, podría ser contraproducente porque es rechazada por una inmensa mayoría de catalanes y de su propio electorado.

La patronal catalana, interlocutora privilegiada con Puigdemont, ha recibido la noticia con sorpresa. Cierto que el mundo empresarial catalán tiene unas malas relaciones con la vicepresidenta Yolanda Díaz y se ha mostrado muy batallador con la política impositiva del Gobierno, pero esta ruptura le ha cogido por sorpresa porque pone muchos nubarrones en el horizonte y aumenta la sensación de inestabilidad y de incertidumbre en la política española. Y, sobre todo, cercena el poder de los empresarios catalanes en Madrid que en esta compleja legislatura había logrado llevar a buen fin una política de «peix al cove» de logros concretos negociando a varias bandas, como en los tiempos de Jordi Pujol.

Para Puigdemont, el Gobierno no camina por la senda adecuada y ha lanzado el mensaje claro y simple: revienta. El Ejecutivo ha mantenido su discurso: mano tendida y defensa del cumplimiento de los acuerdos. El Govern de Illa ha criticado que Junts renuncie «a hacer política a favor de Cataluña». Los Comunes le reclaman que vuelva a negociar y ERC, son sorna, en boca de Gabriel Rufián, ha dicho que Junts busca que le hagan «casito», aunque ha reconocido que ha subido un peldaño en la presión a Sánchez. Nogueras habló en nombre de todos los catalanes, aunque solo tiene siete diputados de 47. Rufián le replicó: «son los votos de Junts los que perjudican a los catalanes». Lo cierto es que mientras Junts marca la agenda política, ERC está dubitativa y no encuentra su espacio estratégico.