Se esperan novedades determinantes en el "caso Begoña Gómez". La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entregará al juez Juan Carlos Peinado "en las próximas semanas" su análisis del expediente del millonario rescate público a Air Europa.

La Sociedad Española de Participación Industrial (SEPI) hizo llegar a los agentes toda la información sobre cómo se fraguó la entrega -por su parte- de 475 millones de dinero público, formalmente para evitar su quiebra a consecuencia de las restricciones mundiales de movilidad que impuso la Covid. El informe está en un "estado muy avanzado" y no tardará en ser remitido al Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid.

Pesquisas sobre la UCM y las cuentas de Begoña

Al mismo tiempo, la UCO tiene pendiente remitirle al instructor de la causa contra la mujer del presidente del Gobierno otra serie de informes que aún están en plena elaboración, en "fase de análisis", pero de los que se han comprometido a dar cuenta "a la mayor brevedad posible".

Los guardias civiles prevén tener listo, primero, uno en el que se analizarán "todos los hechos vinculados" con la línea del caso que indaga en la creación de la cátedra de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) que después dirigió la esposa del Pedro Sánchez, así como los másteres propios que codirigió y el uso que esta hizo del software que se desarrolló en el seno de la universidad con financiación privada

Para, "inmediatamente después", entregar al juez Peinado otro en que se expondrá toda la información bancaria de Gómez. Desde el número de cuentas de las que es titular o en las que participa hasta el dinero exacto que tiene depositado en cada una.

Los últimos noes de la Fiscalía

La Fiscalía ha mostrado su frontal rechazo a los últimos extremos judiciales que se han planteado en el marco del procedimiento en torno a la supuesta vinculación de la actividad profesional de Gómez con su condición de mujer del jefe del Ejecutivo.

El fiscal del caso ve "oscuridad" en la decisión del instructor de tomar declaración como testigo en su despacho al ahora ministro de Justicia, Félix Bolaños, por haber sido el superior jerárquico del alto cargo de Presidencia que ejecutó la contratación 2018 de la asesora de Moncloa imputada que hacía gestiones privadas para Gómez.

En su escrito, el representante del Ministerio Público reprocha al juez que en su auto de citación "nada ha exteriorizado ni justificado siquiera superficial o mínimamente" sobre "qué quiere preguntar" a Bolaños y en "qué medida" interrogarle "puede contribuir" al esclarecimiento de algún indicio delictivo en el nombramiento de María Cristina Álvarez o su desempeño laboral. El ahora ministro era en aquella época secretario general del Ministerio de Presidencia y el fiscal también dice desconocer el "contexto" o "alcance" de su comparecencia.

El fiscal acusa a Peinado de actuar con "oscuridad"

El Ministerio Fiscal juzga, en definitiva, la diligencia acordada por Peinado como de "marcado carácter mediático y clara repercusión extraprocesal", que le recuerda -apuntó- a cuando acudió el pasado mes de julio a practicarle una testifical a Sánchez en su despacho del Palacio de la Moncloa.

El resto de negativas van dirigidas a que no se prolongue la instrucción del "caso Begoña Gómez" más allá del plazo de un año que se cumple el próximo 16 de abril y que sea Hazte Oír quien asuma el liderazgo de la acusación popular.

El fiscal se declara a favor de que continúe siendo Vox el que encabece la acción popular, alineándose con el criterio del juez y a la espera de que se resuelva el recurso presentado por el resto de acusaciones para que sea la citada asociación la que les coordine al entender que fue la primera en interponer querella.

Echa mano de Barrabés para oponerse

Por otro lado, se apoya para rechazar que proceda extender en el tiempo la investigación en la anulación por la Audiencia Provincial de Madrid de las entradas y registros policiales en las empresas y el domicilio del empresario amigo de Gómez imputado, Juan Carlos Barrabés.

Como uno de los motivos expuestos por las acusaciones en su reclamación de prórroga se refería a que aún pende el análisis del copioso material incautado, de documentos a evidencias digitales como teléfonos y ordenadores, el fiscal lo vincula a que se ordenó la destrucción de las evidencias que se recabaron de Barrabés para defender que "el motivo de prórroga no puede ser el que se ha invocado".