Celaá mantiene la educación concertada, pero le resta peso

La ministra cambia la ley que permite la apertura de centros concertados si hay demanda social.

El Gobierno no quiere acabar con la educación concertada. Asegurar lo contrario es decir «fake news», dijo ayer la ministra de Educación, Isable Celaá. Pero también dejó claro, otra vez, que la educación «pública debe ser el eje vertebrador del sistema educativo» y «tiene la obligación de llegar a todos los sitios; la concertada, no». De hecho, la ministra quiere recuperar el protagonismo de la enseñanza que se imparte con cargo a fondos públicos cambiando el artículo 109 de la Lomce, relativo a la red de centros. ¿Por qué lo hace? La ministra explicó que la anterior ley educativa, la LOE, «establecía la obligación de que los poderes públicos garantizasen la existencia de plazas públicas suficientes, especialmente en zonas de nueva población», que eliminó la Lomce que puso en marcha el ex ministro Wert. Se establecieron criterios de «demanda social». Es decir, si había listas de espera en los centros concertados, se daba la posibilidad en un municipio o en una zona de nueva creación de abrir un colegio concertado en lugar de uno público. «¿Por qué se hizo? No lo sabemos y tanto a mí como a la ciudadanía española nos gustaría conocerlo», dijo en la comisión de Educación del Congreso, donde intervino ayer a petición propia.

Lo que sí dejó claro a la concertada es que «debe trabajar de manera coordinada con la pública y eso implicar respetar normas comunes en el acceso a los centros y escolarizar sin exclusión social».

La ministra acudió ayer al Congreso para explicar los cambios legales que abordará para revertir los recortes educativos introducidos por real decreto en 2012 con motivo de la crisis económicos. Explicó los cambios que ya anunció durante el verano a los consejeros de Educación de las comunidades autónomas y que provocó el enfado de los del PP hasta el punto de dejar plantada a la ministra con el argumento de que les obliga a endeudarse.

Las modificaciones vienen introducidas en el Anteproyecto de Ley para la Mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria. Así, Educación deja vía libre a las comunidades autónomas la rebaja del horario lectivo del profesor que se incrementó en 2012. En la actualidad, según aprobó el anterior Gobierno del PP, los docentes tienen un mínimo de 25 horas lectivas para Infantil y Primaria y 20 en Secundaria. Con la reforma anunciada, «cada Administración educativa va a poder adoptar la decisión que considere más adecuada de acuerdo con su autonomía y autogobierno». De esta manera, «se devuelve a las comunidades la capacidad de determinar la carga lectiva de sus docentes, no se impone... Por si alguna comunidad no lo puede asumir».

La reforma legal que se abordará también prevé que los profesores sustitutos puedan ser nombrados desde el primer día de baja del profesor titular sin necesidad de que el centro educativo tenga que esperar hasta diez días para designar un nuevo docente que se haga cargo de las clases del compañero que falte al aula.