Condena a Bélgica por no extraditar a una etarra

Tendrá que indemnizar a los familiares de las víctimas.

El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo falló ayer en contra de Bélgica por haber denegado la entrega de la etarra Natividad Jáuregui Espina, alias Pepona, a las autoridades españolas. Esta sentencia no significa que Bélgica esté ahora obligada a cumplir con la euroorden cursada por las autoridades españolas en el pasado, pero el Estado deberá indemnizar a la familia del teniente coronel Manuel Romeo, asesinado en 1981 por la banda terrorista ETA. Cada uno de sus cinco hijos deberá ser indemnizado con 5.000 euros y todo ellos recibirán de manera conjunta 7.260 euros por las costas judiciales.

Cuando aún colean los casos de los políticos independentistas fugados a Bélgica, resulta de extrema importancia entender el razonamiento de la alta corte europea. La Justicia belga se negó a cumplir la extradición de esta etarra al considerar que el Estado español no garantizaba que sus derechos, de acuerdo al artículo 3 de la Convención de Derechos Humanos, estuvieran protegidos, en referencia a sus condiciones durante el periodo de detención. La sentencia conocida ayer considera que las autoridades belgas, concretamente el tribunal de casación, respondieron de manera adecuadamente razonada a los requerimientos de las autoridades españolas. Según avala el tribunal, «el mecanismo de reconocimiento mutuo no debería ser aplicado ni de manera automática ni mecánica en detrimento de los derechos fundamentales» cuando se cursa una euroorden.

Después de que en 2013 las autoridades belgas denegaran la entrega de esta etarra, los tribunales españoles volvieron a activar una nueva euroorden en 2016. En esta ocasión, las Justicia belga alegó que no se habían producido nuevas circunstancias. Se remitieron al informe del Comité de Derechos Humanos de la ONU de 2015, en que se pedía a las autoridades españolas que terminaran con las detenciones en régimen de incomunicación.

En este segundo punto, la corte europea arremete contra Bélgica por no haber comprobado con hechos fehacientes esta supuesta vulneración de los derechos de Jáuregui. En el año 2013, las autoridades belgas basaron su decisión en informes internacionales sobre España, en el «contexto de la historia política contemporáneo de España» y en otro informe del Comité europeo para la Prevención de la Tortura (CTP). En 2016 no realizaron una evaluación actualizada, a pesar de que la nueva euroorden explicaba las condiciones específicas en la que se aplica en nuestro país la detención incomunicada. Según el tribunal europeo, la negativa de Bélgica no tuvo la «suficiente base factual», ya que no se compró si existía un «riesgo real e individual» en la vulneración de los derechos de Jáuregui.

Pepona lleva huida de la justicia española desde 1979 cuando las Fuerzas de Seguridad la incluyeron en sus ficheros de sospechosos. Tras instalarse en México y Francia, acabó en la ciudad flamenca de Gante. Las autoridades creen que formó parte del Comando Vizcaya que asesinó al teniente coronel el 19 de julio de 1981 y que está involucrada en un total de seis asesinatos. El coronel fue asesinado de un disparo en la nuca cuando acudía con su mujer y sus hijos a misa cerca de su casa. El resto de los miembros del comando fueron condenados a 28 años de cárcel. Tras ser denegada esta petición de entrega, Pepona siguió viviendo en Gante, donde imparte clases de cocina y ha escrito libros de cocina. En algunas fotos aparece en los fogones rodeada de marisco.