La reforma de la Ley que regula el derecho de asociación para abolir las asociaciones que hagan apología del franquismo ha superado este jueves la tramitación del Congreso: ahora queda el Senado para llegar al Boletín Oficial del Estado (BOE) y entrar en vigor. La iniciativa, impulsada por el PSOE, ha recibido el apoyo del PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV, Podemos, el BNG, Coalición Canaria y UPN, mientras que el PP se ha abstenido y Vox ha votado en contra. Asimismo, la ley tampoco ha sido ajena a la polémica jurídica ya que cuenta con un informe crítico de los letrados por "deficiente técnica legislativa", tal y como informó LA RAZÓN.

En concreto, la ley es escueta: se limita a una disposición adicional para condicionar la aplicación del artículo 38 de la Ley que regula el derecho de asociación, ya que ese precepto recoge la disolución judicial de las asociaciones. Con esta disposición adicional, se estipula que también se suma como causa de disolución la apología del franquismo. En todo caso, la disolución se producirá a través de resolución judicial y corresponderá al Ministerio Fiscal "el ejercicio de la acción en este tipo de procesos". Además, también se abre la puerta a la disolución por la vía penal. "El Ministerio Fiscal valorará el ejercicio de la acción penal de disolución por delitos relativos a derechos fundamentales, especialmente en lo relativo al delito de asociación ilícita, cuando concurran supuestos de incitación al odio o a la violencia", reza el nuevo texto. Además de la acción que ejerza la Fiscalía, también se reconoce la "legitimación activa" en esta materia a las asociaciones, entidades o personas jurídicas que tengan como fines la defensa de la memoria democrática y de las víctimas del golpe de Estado de 1936 y de la dictadura".

El PP se ha abstenido: no ha votado en contra ni tampoco a favor. ¿Por qué? Por la negativa del PSOE y sus aliados a incorporar a la ley sus enmiendas para actuar también contra asociaciones que enaltezcan el terrorismo o humillen a sus víctimas y también contra las que defiendan otros regímenes totalitarios como el comunismo.

Los socialistas ya han advertido de que con esta ley buscan ir arrinconando a la Fundación Francisco Franco: las fundaciones se disuelven a iniciativa del Ministerio de Cultura, que ya ha iniciado los trámites. Pero si la Fundación Francisco Franco tiene la tentación de convertirse en asociación, tendré frente a sí la reforma legal que está tramitándose ahora en el Congreso y que solo queda pendiente del aval del Senado.

De esta forma, la actual Ley que regula el derecho de asociación incluirá como causa de disolución "la realización de actividades que constituyan apología del franquismo", bien "ensalzando el golpe de Estado de 1936 o la dictadura posterior", "enalteciendo" a sus dirigentes, siempre que "concurra menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas" del golpe, la guerra o la dictadura o con "incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las mismas por su condición de tales". Y, además, se deja claro que el motivo de disolución se aplicará con independencia de los fines teóricos y actividades plasmados en los estatutos y de que la asociación cuestionada haya cumplido o no el deber de inscripción registral, toda vez que el éste se prevé sólo a efectos de publicidad.