«Contactos discretos» para la investidura

Santamaría explica que Rajoy trabaja para que los pactos avancen y que incluso está esbozando el discurso de investidura «por si acaso».

Moncloa dejó ayer una nueva advertencia sobre las consecuencias económicas del bloqueo a la investidura de Mariano Rajoy. Según explicó la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, si no hay investidura en agosto –Rajoy ha planteado que lo más conveniente sería que se concretase en la primera semana–, esto llevaría a una prórroga de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), como ya viene advirtiendo el Gobierno, y esto, a su vez, tendría consecuencias directas en la vida de los españoles, como la congelación de las pensiones y de los sueldos de los empleados públicos. No todas las partidas se activan automáticamente cuando hay una prórroga. Y entre las cuestiones que requieren de un desarrollo especial están la revalorización de las pensiones y de los salarios de los funcionarios. Para corregirlo, no obstante, haría falta un decreto a posteriori para actualizar esas partidas, que tendría que ser convalidado en un plazo de 30 días en el Congreso de los Diputados. El Gobierno debe aprobar además el techo de gasto de las Administraciones Públicas entre julio y agosto, para remitir al Congreso el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el próximo ejercicio a finales de septiembre, a poder ser que queden aprobados en el Consejo de Ministros del 23 de septiembre. El tope que establece la Ley es el 30 de septiembre, y para eso hace falta que haya Gobierno en agosto, aunque, apurando los plazos, no sea en las primeras semanas, sino en las últimas. En 2011, la decisión del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero de adelantar las elecciones también obligó a prorrogar los Presupuestos. Hacienda está trabajando en las cuentas públicas del próximo año para tener el trabajo hecho en el caso de que finalmente haya investidura y nuevo Ejecutivo. Es una de las cuestiones que ha planteado, además, a Ciudadanos para ir tanteando posibles apoyos.

Además del reto presupuestario, Moncloa también colocó el foco sobre la senda del déficit, en vísperas de que esta semana se conozca qué ocurre con la multa que la Comisión Europea estudia imponer a España por no haber cumplido con los objetivos establecidos para el próximo ejercicio. Bruselas tiene que determinar una nueva senda de consolidación fiscal para nuestro país para volver a situar el déficit público por debajo del 3 por ciento, algo que puede producirse en la reunión del colegio de comisarios europeos del próximo 27 de julio. Ese día también se conocerá el alcance de la multa a España y a Portugal por déficit excesivo.

Esos nuevos objetivos de déficit tienen que ser ratificados por el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), la Comisión Nacional de Administraciones Locales (CNAL) y el Consejo de Ministros, antes de que pasen, asimismo, por el Congreso y por el Senado, donde el PP necesita apoyos parlamentarios porque sus 137 escaños no son suficientes.

La vicepresidenta también advirtió ayer de que la paralización política está afectando a otras cuestiones que tocan al interés general como la trasposición de 19 directivas europeas con rango de ley, que de no aprobarse también podrían tener como consecuencia una multa. Por eso Sáenz de Santamaría insistió al PSOE y a Ciudadanos en que hace falta un acuerdo de mínimos para cumplir con los compromisos con la UE y aprobar unos nuevos Presupuestos sin causar más perjuicios a los ciudadanos.

No obstante, además de las advertencias, la «número dos» del Gobierno en funciones también intentó evitar un mensaje pesimista. Según explicó, hay contactos constantes, pero discretos, por parte de Mariano Rajoy para conseguir sacar adelante su investidura y la formación de un Gobierno. El mensaje que Moncloa se esforzó en subrayar ayer fue el de que el presidente del Gobierno en funciones no tira la toalla y sigue trabajando para conseguir sacar adelante su investidura pese a la posición fijada por Ciudadanos, su abstención técnica, y a que Ferraz continúe sin moverse públicamente del «no». Sáenz de Santamaría confirmó que el presidente mantiene una intensa agenda y evitó dar la impresión de que no estaba dando resultados. En cualquier caso, se remitió a la ronda de consultas que el Rey Felipe VI celebrará la próxima semana y a la decisión del Monarca sobre si se dan las circunstancias para proponer un nuevo candidato a la investidura. Según explicó la vicepresidenta, el candidato popular ha empezado incluso a trabajar en su discurso por si acaso, aunque esté todo abierto a las modificaciones de última hora.

«Rajoy está muy activo, pero como él cree que tiene que hacerlo para conseguir los mejores frutos y con un Gobierno que pueda gobernar. Está haciendo todo lo posible para recuperar la normalidad», sentenció. Para que las piezas encajen y la investidura no tenga que retrasarse, la jugada pasa, según Moncloa, porque la formación naranja se mueva al «sí» en segunda votación y los socialistas, a su vez, a la abstención. Las conversaciones con la formación naranja no han servido todavía para que reconsidere su apuesta por la «abstención técnica».

Por otra parte, Sáenz de Santamaría también se refirió a la reunión que mantuvo el jueves con el vicepresidente catalán Oriol Junqueras e indicó que con la decisión de autorizar a Cataluña operaciones de deuda a corto plazo por valor de 685 millones de euros quedan cubiertas las necesidades financieras de esta comunidad para agosto y septiembre, de manera que «desaparece» la «urgencia» de convertir deuda a corto plazo en deuda a largo plazo, tal como reclama la Generalitat de Cataluña. Advirtió de que estudiar cambios en la financiación a corto plazo de las comunidades requeriría un gobierno «con plenas capacidades» y, además, debería ser para todas las comunidades autónomas.