El control aéreo del Sáhara, otro frente abierto con Marruecos

La gestión de los cielos saharauis amenaza con convertirse para el Gobierno de Pedro Sánchez en un nuevo embrollo en el frente magrebí. El Ejecutivo admitió el pasado miércoles –lo hizo por medio de una respuesta escrita a la pregunta del senador y expresidente canario Fernando Clavijo, registrada hace mes y medio– que negocia con Marruecos el traspaso del control del espacio aéreo del Sáhara Occidental, que corresponde en buena medida al Centro de Control de Canarias, situado en Gran Canaria, a través de la empresa pública Enaire.

De culminar con éxito –para Rabat– las negociaciones, Marruecos celebraría el aniversario del histórico giro diplomático español en el Sáhara –el pasado 18 de marzo se cumplieron doce meses desde que el rey Mohamed VI revelara que Sánchez le había escrito una carta apoyando su propuesta autonómica para la excolonia española– de la mejor manera. La del control completo del tráfico aéreo del territorio es una larga reclamación de Rabat incluida –aunque de manera calculadamente imprecisa– en el punto sexto de la hoja de ruta pactada el 7 de abril del año pasado por ambos gobiernos.

En el escrito de respuesta a Clavijo, el Ejecutivo confirmaba de que «las conversaciones con Marruecos en este ámbito se han iniciado en cumplimiento del punto 7 de la Declaración Conjunta del 7 de abril y se circunscriben a la gestión de los espacios aéreos y la coordinación entre ambas partes en aras de conseguir mayor seguridad en las conexiones y cooperación técnica». El senador de Coalición Canaria había sido explícito en la formulación de la cuestión al preguntar al Gobierno de Sánchez por qué «negociaciones se están llevando a cabo» para el «traspaso de la gestión del espacio aéreo». Sin embargo, transcurridas apenas unas horas desde que trascendiera la noticia, el presidente canario, Ángel Víctor Torres, aseguraba de manera tajante a los medios que «en ningún caso» se negocia la cesión de la gestión aérea en la excolonia española, sino solo su «mejora». Torres afirmó que «ni está en el acuerdo [firmado por los dos gobiernos en Rabat el 7 de abril pasado] ni me lo ha trasladado el ministro de Asuntos Exteriores, con el que he hablado este jueves». El propio jefe de la diplomacia española, José Manuel Albares, lo había desmentido ya a comienzos de febrero.

Precisamente los pasados días 15 y 16 de marzo, Torres cursó visita oficial a Marruecos, donde fue recibido por el jefe del Gobierno Aziz Akhannouch y el ministro de Exteriores Nasser Bourita en un más que aparente clima de cordialidad. Al ser preguntado por los periodistas españoles en Rabat sobre las negociaciones en torno al espacio aéreo del Sáhara, el presidente autonómico admitió no haber abordado la cuestión con sus interlocutores marroquíes.

Por su parte, el citado senador de CC, autor de la pregunta al Gobierno, se preguntaba el jueves «a cambio de qué» el Ejecutivo de Sánchez negocia con Rabat la cesión del espacio aéreo saharaui. «No sabemos nada, queremos una explicación, si esto sigue a lo mejor un día nos despertamos y Canarias también es de Marruecos», ironizaba el también expresidente autonómico.

Fue precisamente otra pregunta de Clavijo respondida por escrito por el Gobierno justo hace una semana la que permitía conocer que el Ejecutivo también estudia la apertura de una extensión del Instituto Cervantes en El Aaiún, la capital del Sáhara Occidental, otra reciente reclamación de Rabat en la dirección de la plena asunción por parte de Madrid de su soberanía sobre la antigua excolonia española. El Gobierno volvía a ser confuso y contradictorio en la nota remitida al senador canario al informar de que se «contempla» la apertura de un Cervantes pero negando que vaya a tratarse de una «sede» o «centro» (sino de una «extensión» de otro ya existente –¿en Marruecos? ¿En otra parte?– sin precisar cuál).

Fuentes conocedoras del dosier en Canarias sugirieron ayer a LA RAZÓN que la negociación sobre la cesión del espacio aéreo de la excolonia española puede estar vinculada a otra, también en curso, en torno a la delimitación de las aguas territoriales de Marruecos y España en la fachada atlántica (otro de los acuerdos fijados por ambas administraciones en la hoja de ruta de Rabat). El traspaso total de la gestión de los cielos del Sáhara sería la cesión que las autoridades españolas tendrían que hacer, según esta hipótesis, a cambio de que Rabat se aviniera a las posiciones españolas en la negociación de las aguas canarias. Tras 15 años sin actividad, el grupo de trabajo hispano-marroquí para la delimitación de espacios marinos en la fachada atlántica –creado en 2003– se reunió entre junio y octubre del año pasado con el fin de comenzar a resolver una larga disputa entre Rabat y Madrid. Hasta el momento ha regido una mediana provisional trazada con arreglo a un criterio de equidistancia que Rabat –que aprobó en abril de 2020 una ley que fija los límites de sus aguas territoriales– rechaza defendiendo otro de equidad.

Sin noticias de las aduanas de Ceuta y Melilla

Y mientras los dos gobiernos negocian la cesión de la gestión aérea del Sáhara a Marruecos en Ceuta y Melilla se sigue aguardando, con cada vez menos esperanzas y sin información alguna por parte del Ejecutivo central, la apertura de las aduanas comerciales de Ceuta y Melilla, que Sánchez anunció por primera vez en Rabat en el curso de la citada visita del presidente al país magrebí el 7 de abril de 2022.

Después de las aparentemente exitosas “pruebas piloto” de los días 27 de enero y 24 de febrero pasados, que apuntaban a una inminente entrada en funcionamiento de sendas aduanas –en el caso de Melilla se trataría de una reapertura, pues la infraestructura funcionó hasta agosto de 2018- y para desesperación de los empresarios, el Gobierno se ha negado a avanzar las fechas del “calendario acordado” con Marruecos alegando razones de seguridad.