Cortés inauguró una promoción de CC OO que aún oferta pisos

Los promotores de viviendas y entidades financieras con pisos en sus balances aseguran que si no se venden las viviendas vacías es porque no hay compradores. La falta de crédito obliga a que los requisitos para la concesión de los préstamos hipotecarios se hayan endurecido. Se acabó el dinero barato y el crédito fácil, lo que ha repercutido en el sector inmobiliario.

En este contexto, surge el reciente decreto-ley sobre función social de la vivienda aprobado por la Junta de Andalucía que, entre otras cosas, obliga a los promotores a sacar al mercado sus pisos sin vender con la amenaza de sancionarlos. Se da la circunstancia de que la propia impulsora del texto, la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, inauguró el pasado 21 de noviembre una promoción de viviendas en la barriada sevillana de Pino Montano que, a día de hoy, todavía oferta algunos pisos en la página web de la promotora.

La cooperativa de viviendas Vitra Sur, de CC OO, impulsó 182 viviendas protegidas de régimen general en unos terrenos que eran propiedad de la Empresa Pública del Suelo de Andalucía (Epsa), construidas por Ferrovial y con financiación de CaixaBank. Además de Cortés, también acudió el secretario general del sindicato en Andalucía, Francisco Carbonero.

La consejera destacó ante los propietarios «la funcion y vocación social de la vivienda, con proyectos como éstos que ejemplifican perfectamente cuál es la función social de la Consejería de Fomento y Vivienda».

Vecinos consultados por LA RAZÓN aseguran que son pocos los pisos que aún quedan libres y que se debe a problemas del adjudicatario a la hora de formalizar el crédito con la entidad financiera. Destacan la calidad y acabado de los pisos, «superiores a otros de la zona», y que también cuentan con algún tipo de régimen de protección. Pese a todo, de momento, no se ha cumplido el cupo. Ésa es la principal queja de los promotores en general. En los casos de viviendas protegidas, el proceso no acaba con la adjudicación del inmueble, sino que luego la familia debe conseguir que el banco le otorgue el dinero. No todos cumplen los requisitos.

No es el único caso que afecta a Vitra, conjunto de cooperativas de viviendas impulsada por CC OO y que ha desarrollado más de 32.000 viviendas en España –unas 3.000 de ellas en Andalucía–. En internet también oferta pisos y locales comerciales en Jaén. Fuera de la región, «el mayor promotor de vivienda social en España» ofrece pisos «llave en mano» en Madrid, Asturias, Castilla-La Mancha, Álava, Navarra, Valencia y Elche. La crisis afecta a todo el sector.

El artículo 61 del decreto-ley que regula la función social de la vivienda señala que «las infracciones muy graves se sancionan con una multa de hasta 9.000 euros; las graves con una multa de hasta 6.000 euros; y las leves, con hasta 3.000 euros. En ningún caso pueden imponerse multas inferiores a 1.000 euros». En el apartado 2 señala que «cuando las infracciones afecten a varias viviendas, aunque pertenezcan a la misma promoción, podrán imponerse tantas sanciones como infracciones se hayan cometido respecto de cada vivienda cuando la conducta infractora sea individualizada en relación con viviendas concretas».

Este asunto hay que enmarcarlo en el contexto del decreto-ley aprobado en el Parlamento andaluz con carácter de urgencia, asociado al uso social de las viviendas. En un doble plano, que será igualmente polémico, el Gobierno andaluz anuncia la «expropiación temporal» de aquellas viviendas que vayan a ser objeto de desahucio y, por otro lado, impone un duro régimen sancionador para los bancos y agencias inmobiliarias que tengan en su poder viviendas vacías.

Elena Cortés, que hace días fue noticia cuando se declaró firme partidaria de los escraches («si yo no fuera consejera, participaría en los escraches. Lo sustancial es que ha habido una violación sistemática de los Derechos Humanos y se ha desahuciado ilegalmente a 440.000 personas en España») ha encontrado una vía de Gobierno para participar en la protesta contra los desahucios. Lo que el Gobierno andaluz regula ya es la expropiación durante tres años de viviendas que vayan a ser embargadas si se ocasiona un problema para las familias que la habitan.