Política

CSI-F protegerá a los funcionarios catalanes para evitar que incurran en prevaricación

Un centenar de funcionarios de la Generalitat de Cataluña se manifestaron el pasado viernes por las calles de Barcelona contra los recortes y en defensa de la Constitución
Un centenar de funcionarios de la Generalitat de Cataluña se manifestaron el pasado viernes por las calles de Barcelona contra los recortes y en defensa de la Constitución

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios advierte que ante la resolución aprobada por el Parlamento catalán de declarar la independencia pondrá en marcha un protocolo con el objetivo de “proteger” a los funcionarios públicos que trabajan en Cataluña.

Según ha explicado Joan Escanilla, Presidente de central sindical independiente y de funcionarios de Cataluña, a LA RAZÓN, los servicios jurídicos del sindicato están ultimando un protocolo de actuación que se dará luz verde la próxima semana.

La principal preocupación del sindicato es la de que los empleados públicos catalanes incurran en prevaricación puesto que puedan verse obligados a prestar sus servicios para unas funciones en las que no se encuentran amparados de manera legal. En concreto el protocolo del sindicato se pondrá en marcha en cuanto un funcionario público denuncie una situación ilegal en su trabajo por escrito, acto seguido el sindicato elaborará una orden y exposición administrativa ante el Contencioso o el juzgado de Guardia.

Por su parte el presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios, Miguel Borra, ha puesto en duda que la Generalitat pueda poner en práctica el mandato anunciado ayer de desarrollar la Hacienda Pública y la Seguridad Social Catalana, si se consigue la independencia de Cataluña, puesto que muchos funcionarios le han confirmado ya su temor a que puedan recibir ordenes de superiores que no se adecuen a la legalidad vigente. Borra, que se apoya en el protocolo de actuación, ha defendido que ampararán a cualquier funcionario que lo solicite para que no tenga que atacar órdenes ilegales y, que por tanto, no tenga consecuencias negativas para estos trabajadores.

Según ha confirmado Borra, el protocolo será “sencillo y fiable” y permitirá responder de manera eficaz a los problemas que pudieran plantearse en un futuro.