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Audiencia Nacional

«Caso Villarejo»: la Audiencia pide al CGPJ un sustituto para el juez De Egea

Las desavenencias con la Fiscalía Anticorrupción precipitaron el adiós del magistrado

El ex tesorero del PP Luis Bárcenas declarará ante el juez De la Mata el próximo día 21
El ex tesorero del PP Luis Bárcenas declarará ante el juez De la Mata el próximo día 21larazon

Las desavenencias con la Fiscalía Anticorrupción precipitaron el adiós del magistrado.

La Audiencia Nacional quiere un sustituto para el juez Diego de Egea, instructor del «caso Villarejo», que abandonará el tribunal el próximo día 31. Ayer mismo, el magistrado que debe hacerse cargo del procedimiento a partir de esa fecha, Manuel García Castellón, solicitó por escrito al presidente de la Audiencia, José Manuel Navarro, la llegada de un nuevo juez de refuerzo que sustituya a De Egea. Según las fuentes consultadas, Navarro ya ha hecho llegar esa petición al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que previsiblemente abordará la cuestión en la reunión de la Comisión Permanente de la próxima semana.

El juez De Egea formalizó ayer por escrito su adiós a la Audiencia Nacional, que justifica –en un escrito al que ha tenido acceso LA RAZÓN– por «motivos estrictamente personales». Sin embargo, en la trastienda de esa decisión están sus continuas desavenencias con los fiscales de Anticorrupción adscritos a la causa, que han terminado por hastiar al magistrado. Y es que la investigación del «caso Villarejo» y sus, hasta ahora, ocho piezas separadas ha estado jalonada de encontronazos, algunos de ellos sonoros, entre De Egea y la Fiscalía Anticorrupción, que ha cuestionado algunas de sus resoluciones de mayor calado, unas discrepancias que ahora debe dirimir la Sala de lo Penal.

En los últimos meses, sin ir más lejos, la Fiscalía ha reprochado al magistrado que archivase «precipitadamente» algunas piezas de la causa obviando los «sólidos indicios» apuntados por Anticorrupción. De Egea también chocó con Anticorrupción al dejar en libertad, el pasado julio, al ex responsable de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) Enrique García Castaño, y al negarse en agosto a acordar medidas cautelares contra el empresario Juan Muñoz, marido de Ana Rosa Quintana, investigado en una de las piezas del «caso Villarejo», una decisión que recurrió la Fiscalía. El instructor también archivó la investigación contra el comisario Carlos Salamanca al no apreciar «un mínimo indicio revelador» de su participación en una trama para introducir en España de forma ilegal a inmigrantes guineanos.

En el punto más álgido de ese enfrentamiento, De Egea llegó a reprochar a Anticorrupción hace solo unos días que efectuase una investigación de carácter «prospectivo» respecto a un despacho de abogados que contrató a Villarejo para hacer un seguimiento a un bufete de la competencia.

El juez plasmó ayer su renuncia en una carta remitida al presidente de la Audiencia Nacional, quien fue el encargado de hacerla llegar al CGPJ. No en vano, el órgano de gobierno de los jueces tenía ya sobre la mesa una solicitud del pasado 22 de octubre de renovación de la comisión de servicios de De Egea, que ejerce de juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6, del que es titular García Castellón, y que expira el próximo día 31. Fue el propio García Castellón, según las fuentes consultadas, quien pidió que se prorrogara la renovación de la comisión de servicios. Ahora, tras el anunciado adiós del juez De Egea, quiere que llegue un sustituto.

El ex chófer de Bárcenas llega con casco y se niega a declarar

El ex chófer de Luis Bárcenas se acogió ayer a su derecho a no declarar en su comparecencia ante el juez Diego de Egea en relación a su papel en la «operación Kitchen», puesta en marcha por Interior en 2013 para intentar recuperar la documentación que el ex tesorero popular se llevó de la sede del PP al ser despedido. Sergio Ríos, que estaba citado como investigado, llegó a la sede del tribunal poco antes de las nueve de la mañana, una hora antes de la fijada para la comparecencia, ocultando su rostro con un casco de moto que también utilizó para abandonar la Audiencia. Anticorrupción sostiene que Interior (que ha admitido por escrito la operación y el uso de fondos reservados) pagó 2.000 euros mensuales al entonces chófer del ex tesorero para que le sustrajese esa documentación sensible.