El TC le deniega el amparo a la última jefa de ETA por su condena a 24 años de prisión

El Tribunal Constitucional ha desestimado el recurso de amparo que interpuso la última jefa de ETA, Iratxe Sorzábal, contra su condena a 24 años de cárcel por el doble atentado de la banda terrorista en diciembre de 1996 en Gijón. Sorzábal -que fue una de las etarras que leyó el comunicado del fin de la violencia en 2011- expuso que se vulneraron sus derechos fundamentales tras su detención por miembros de la Guardia Civil, pero el tribunal de garantías descarta lesión de derechos fundamentales.

Fuentes del TC confirman a LA RAZÓN que la admisión del recurso se trató en el último Pleno del órgano. La magistrada María Luisa Balaguer se mostró partidaria en su ponencia de admitir el recurso; criterio que fue respaldado por tres magistradas del bloque progresista. Sin embargo, el texto no salió adelante dado que el resto de tribunal votó en contra de su admisión.

La que fuera jefa de ETA denunció una vulneración de sus derechos constitucionales con motivo de su detención. Según expuso, el régimen de incomunicación adoptado le impidió elegir abogado, si bien se le designó de oficio. Al hilo denunció que fue obligada mediante torturas a confesar su presunta participación en un atentado terrorista de 1996 -lo que se conoce como una "cantada"- y que lo hizo en contra de su propia voluntad.

La Audiencia Nacional se apoyó en esta fuente de prueba para condenarla en 2022 por su implicación en un atentado terrorista de ETA contra una farmacia y contra el Palacio de Justicia de Gijón en 2 de noviembre de 1996. La sentencia le impuso una pena de 24 años y seis meses de prisión por delito de estragos terroristas en grado de consumación. Los magistrados consideraron probada su implicación por la confesión de los hechos que expresó en una carta manuscrita dirigida a la cúpula de la banda terrorista desde prisión.

La nota provino de una comisión rogatoria enviada por Francia y se le atribuye a la etarra toda vez que venía firmada por ella. Dicha confesión reconoció la descripción de los integrantes del comando que ejecutaron el atentado, así como una serie de detalles y circunstancias de los hechos que coincidían "íntegramente" con lo que declaró ante la Guardia Civil tras su detención. Por ese motivo, el fallo determinó que el documento era válido para ser tenido como fuente de prueba.

Además, la Audiencia Nacional dijo que su autoría quedaba acreditada también por las propias manifestaciones que efectuó días después de declarar ante la Guardia Civil y por el informe pericial elaborado por la Policía que ratificó que era la autora del manuscrito. Su defensa expuso en el juicio que la "cantada" la redactó coaccionada por los agentes del Instituto Armado. En concreto expuso que fue torturada y obligada a escribir la confesión mientras estuvo incomunicada.