Desacato de Mas a la sentencia del TSJC sobre el castellano

El tribunal dicta que las clases sean bilingües para toda el aula si uno de los alumnos lo solicita. PSC y ERC aplauden la insumisión anunciada por el Gobierno catalán.

La Justicia ha vuelto a dar la razón a las familias que pelean porque sus hijos reciban una educación bilingüe en las aulas catalanas. Una vez más, la Generalitat de Cataluña ha manifestado su voluntad de no cumplir ni con la ley ni con las sentencias que avalan el derecho de estos padres a que sus hijos se eduquen tanto en castellano como en catalán. La lucha de estas familias está lejos de haber llegado a su fin, pero el camino se ha despejado mucho desde que iniciaran el periplo en el año 2006.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) dictó, entre el 6 y el 14 de marzo, otros 10 autos en los que desestima los recursos interpuestos por las familias y la Generalitat a otros tantos autos emitidos en el mes de enero. Pero, en esta ocasión, el tribunal deja clara cuál debe ser la atención que deben recibir los niños que quieran una educación bilingüe. Así, el TSJC establece, recuperando la argumentación expuesta por el Tribunal Supremo en su última sentencia de 19 de febrero sobre la materia, que cuando una familia pida la educación bilingüe para su hijo, el centro en el que esté inscrito el alumno deberá hacerlo posible, pero no de forma individualizada, sino que «el sistema ha de adaptarse a toda la clase (o unidad escolar) de la que forma parte ese alumno. Lo acordado afecta al alumno juntamente a sus compañeros». Por lo tanto, la Administración catalana debe «adoptar tantas medidas como sean precisas para adaptar el sistema de enseñanza lingüística», tal y como acordó el TSJC en el auto de 3 de enero de 2013.

La Generalitat, a través de la consejera de Enseñanza, advirtió ayer de que, además de recurrir, no piensa cumplir con ello. Para Rigau, «la lengua del grupo no se cambia según lo soliciten los alumnos o sus familias, forma parte del proyecto lingüístico del centro». Pero, hoy por hoy, ningún centro educativo catalán público puede optar por el bilingüismo en sus aulas libremente. Asimismo, según Rigau, «los padres y madres escogen los centros conocedores del proyecto lingüístico y del centro y es por esto que no puede prevalecer el derecho de un padre». Sin embargo, como ya se ha dicho, no hay escuelas públicas a las que optar en las que la enseñanza sea bilingüe.

Además, el derecho fundamental a la educación recogido el artículo 27 de la Constitución no garantiza el derecho de opción a recibir la enseñanza en una lengua u otra, por lo que ni los padres puede exigir que las clases se impartan sólo en catalán o sólo en castellano, mientras que el TSJC señala que la enseñanza bilingüe sí está amparada por la Carta Magna y otras leyes. Aún así, la consejera catalana insistió que «el pretendido cambio que propone el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña no es posible porque choca con una ley orgánica, la LOE y una ley del Parlament, la Ley de Educación de Cataluña».

Para Convivencia Cívica, que representa a las familias ante los tribunales, las últimas decisiones del TSJC son una victoria a medias. Por un lado, destierra la legalidad de la atención individualizada a los alumnos, aunque sentencias anteriores así lo señalaran, pero, por otro, obliga a que familia por familia se reclame ante la Justicia a que la educación bilingüe sea efectiva para sus hijos. «Es cuanto menos curioso que se deba denunciar para que un derecho sea reconocido y garantizado», señaló el letrado de Convivencia Cívica, Ángel Escolano. La entidad luchará ahora porque los organismo competentes, como la Fiscalía, velen porque la garantía sea universal y no caso por caso.

Y la gran duda la planteó la diputada del PP María José García Cuevas.«¿Cuántas sentencias más necesita Rigau para implantar el bilingüismo en Cataluña?».