Detenidos altos cargos andaluces por fraude en los cursos de formación

La nueva operación que dirige la jueza Alaya afecta a todas las provincias andaluzas. La Guardia Civil registra más de 25 empresas y ha detenido alrededor de una veintena de altos cargos del Servicio Andaluz de Empleo, entre ellos el ex delegado provincial de Empleo en Sevilla de la Junta de Andalucía Antonio Rivas.

La nueva operación que dirige la jueza Alaya afecta a todas las provincias andaluzas y ya son veinte los altos cargos andaluces detenidos por el fraude en los cursos de formación.

Desde primera hora de la mañana la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) ha desplegado un dispositvo en las ocho provincias andaluzas y al parecer ya se han efectuado un decena de detenciones de ex altos cardos de Empleo.

También según las mismas fuentes se están llevando a cabo registros en más de 25 empresas. La operación se está desarrollando en Andalucía y afecta a anteriores responsables políticos que dirigieron el Servicio Andaluz de Empleo, han informado a Efe fuentes de la investigación.

La juez Alaya decretó en febrero pasado el secreto parcial del caso relativo a los cursos de formación ante la "gravedad"del fraude que detectó en los consorcios y los "entramados empresariales"del sector de formación y lo amplió tras analizar los informes de la Intervención General de Andalucía relativos a las irregularidades en el SAE.

Entre los detenidos se encuentran el exdelegado provincial de Empleo en Sevilla de la Junta de Andalucía Antonio Rivas en el marco de la operación por el presunto fraude en cursos de formación financiados por la Junta que investiga la juez Mercedes Alaya. En un auto dictado el 20 de enero, la juez declaró el secreto parcial de las actuaciones ante la "gravedad"de los hechos y tras detectar distintas "bolsas de fraude"que le llevaron a abrir hasta cuatro nuevas líneas de investigación, entre ellas una concerniente a las ayudas a la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y el Empleo (Faffe).

Así, el secreto afecta a la investigación sobre la "existencia de entramados empresariales beneficiados de diferentes subvenciones, algunas de las cuales habrían sido identificadas por funcionarios de la propia Dirección General de Formación"y por Teodoro Montes, jefe del departamento de gestión de la Formación Profesional Ocupacional de la Junta en Sevilla, "y en la que personas que dirigían varios entramados de empresas tenían acceso a un volumen importante de subvenciones, incluso algunas de estas personas tendrían relación con determinados cargos de la Administración".

En segundo lugar, la instructora aludía a la "existencia de determinados fraudes en los consorcios entre administraciones; estos consorcios recibían subvenciones a través de la Dirección General de Formación Profesional de la Consejería de Empleo, utilizando el procedimiento de adjudicación de 'Concurrencia no Competitiva', planteando la Cámara de Cuentas dudas sobre la adecuación del procedimiento", lo que también fue declarado secreto. Relacionadas

En este sentido, Alaya pone de manifiesto que, de la documentación recibida, "se ha podido constatar que todos los consorcios tienen abierto expedientes de reintegro, dos de ellos en fase de inicio, y el resto en fase de resolución".

EL SAE

Posteriormente, en un auto dictado el 13 de febrero, la instructora amplió el secreto tras analizar los informes de la Intervención General de la Junta de Andalucía sobre las "distintas direcciones provinciales del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y las diversas irregularidades denunciadas por la misma".

En este auto, la instructora recordaba que el 20 de enero "se decretó el secreto parcial de las actuaciones para seguir varias líneas de investigación", señalando que "del curso de las mismas se hace necesaria abrir una nueva línea tendente al esclarecimiento de los hechos que se están investigando".

En este sentido, indica que, "analizando los informes de la Intervención General que obran en la causa sobre las distintas direcciones provinciales del SAE y las diversas irregularidades denunciadas por la misma, es procedente ampliar el secreto parcial de la instrucción a cuantas diligencias se deriven del estudio de tales informes".

Todo ello "atendiendo la gravedad de los delitos investigados, la especial importancia de la línea de investigación con ellos iniciada, de las expectativas de la misma y del riesgo de frustrar sus posibles resultados por la posible pérdida, destrucción o manipulación de indicios o fuentes de prueba".