Distopía inversa

El presidente del Gobierno español compareció a las ocho y media de la tarde para anunciar que el referéndum se había celebrado. «Ha votado el 35% del censo», dijo, «y ha dicho ‘sí’ el 69% de los votantes». Hizo una pausa y elevó la vista hacia las cámaras. «En consecuencia, Cataluña debe irse de España». Y añadió, desafiante: «¡Aunque no quiera!». El referéndum, convocado por el presidente a sabiendas de que vulneraba la ley, había sido recurrido por la oposición parlamentaria y el Gobierno autonómico de Cataluña. El Tribunal Constitucional había suspendido el decreto cuarenta y ocho horas después de su firma. La jurisprudencia del tribunal era nítida respecto de la secesión: no se podía convocar al resto de los españoles para decidir sobre la permanencia de Cataluña en España porque subvertía el orden constitucional al atribuir a una parte de los ciudadanos el derecho que corresponde a todos.

El Gobierno central, insumiso, alegó que el referéndum era plenamente legal. Aprovechando la mayoría absoluta de que disfrutaba en el Congreso de los Diputados había aprobado la «ley de refutación», una coartada para justificar el proceso de ruptura. La falsa ley fue recurrida y suspendida también por el Tribunal Constitucional, pero el Gobierno mantuvo la convocatoria. «La voluntad popular está por encima de lo que digan doce señores», proclamó el portavoz, «¡no se puede prohibir la voz al pueblo!»

La prensa gubernamental hizo causa con el Gobierno en su pretensión rupturista. «¡Es la democracia!», se leía en los editoriales, «no se puede solucionar con legalismos un problema político. Si la mayoría de los españoles quiere prescindir de un territorio, no hay guardia civil que pueda impedirlo». El Tribunal Supremo había ordenado precintar los colegios electorales e impedir la votación, pero grupos de padres se habían encerrado con sus hijos para disuadir a los guardias de clausurarlos. «Votaremos», se gritaba en los patios escolares, «nadie puede privarnos del derecho a decidir quién forma parte del país y quién no».

Una hora después de anunciar el resultado del referéndum, el presidente del Gobierno fue detenido y conducido al calabozo. Acusado de rebeldía, sedición, desobediencia y malversación, resultaría condenado después a pena de prisión e inhabilitación de por vida. El 24% de los ciudadanos que había votado en el falso referéndum siguió haciendo su vida como si nada hubiera pasado. La legalidad democrática constitucional quedó preservada. Y Cataluña, a pesar del gobierno secesionista, siguió perteneciendo a España.