Dos magistrados del TC creen que la apertura de una instrucción habría mejorado la imagen del tribunal

Los magistrados del Tribunal Constitucional Fernando Valdés y Luis Ortega consideran que la apertura de una instrucción tras las recusaciones interpuestas por la Generalitat y el Parlamento de Cataluña contra el presidente de la institución, Francisco Pérez de los Cobos, por haber militado en el Partido Popular, hubiera fortalecido la confianza de la sociedad en la institución. Ambos se desmarcaron mediante la emisión de sendos votos particulares de la decisión aprobada por mayoría en el Pleno del Tribunal Constitucional donde se rechazó las recusaciones interpuestas por la Generalitat y el Parlamento de Cataluña contra Pérez de los Cobos. Luis Ortega, en su voto particular, discrepa de la opinión de la mayoría porque, señala, el principio de independencia tiene prioridad sobre el régimen de incompatibilidades. El magistrado afirma que tanto el principio de independencia como el de imparcialidad objetiva son incompatibles con la condición de miembro a un partido político dadas las obligaciones que los estatutos imponen a sus afiliados y militantes. En consecuencia, defiende que las recusaciones debieron ser admitidas

a trámite.

El magistrado considera, además, que las palabras de Pérez de los Cobos donde afirmó que "la única ideología capaz de seguir produciendo pesadillas es el nacionalismo"y que "no hay en Cataluña acto político que se precie sin una o varias manifestaciones de onanismo", constituye una manifestación muy contundente de un pensamiento radicalmente contrario a la misma naturaleza política de los recurrentes: Gobierno catalán de ideología nacionalista y Parlamento catalán de mayoría nacionalista. Ortega también añade que "desde la perspectiva de los mandatos de independencia e imparcialidad, tanto respecto de los magistrados, como del propio Tribunal Constitucional, es muy razonable pensar que una composición de dicho Tribunal con miembros de los distintos partidos políticos, cada uno de ellos recibiendo instrucciones de sus respectivos partidos y actuando públicamente como miembros a activos de los mismos, en ejercicio de sus derechos y en cumplimiento de sus obligaciones como afiliados, quiebra a mi juicio esta posición debida de independencia

e imparcialidad". Asimismo, discrepa "de la mayoría, en lo relativo a no considerar que la militancia en un partido político de un magistrado, pueda ser concebida por una de las partes como un supuesto de vulneración de su derecho a un juez imparcial, cuando debe dilucidar sobre un asunto en la que la otra parte es un Gobierno del mismo color político que el de la militancia del magistrado".

Confianza de la ciudadanía

Por otra parte, Valdés se distancia de la decisión de la mayoría respecto al tratamiento procesal de las recusaciones. A su juicio, la apertura de una instrucción del incidente de recusación hubiera facilitado al Pleno mayor información para tomar la decisión definitiva. En este sentido, considera que el proceso habría resultado más "transparente"y más adecuado para fortalecer la "confianza del público"en la institución. El magistrado del Tribunal Constitucional apunta que "la confianza de la sociedad y de los poderes públicos que intervienen en los procedimientos de constitucionalidad, no solo descansa en la garantía de independencia, sino también en la garantía de imparcialidad". Además, añade que "la confianza de la ciudadanía exige extremar, con exquisito rigor, las garantías de imparcialidad", ya que "la sociedad evoluciona, la Constitución evoluciona y el Tribunal Constitucional debe evolucionar al ritmo de los tiempos". "Tiempos que no son torres de marfil, sino casas de cristal"concluye. En relación con la decisión del Alto Tribunal considera que "una inadmisión como la adoptada, en mi opinión, no favorece la percepción pública sobre la imparcialidad e independencia no solo ni tanto del magistrado recusado sino, de manera señalada, del propio Tribunal".

A su entender "la admisión trámite de las presentes recusaciones, era, la única vía procedente de garantizar los valores que están en juego: independencia, transparencia, imparcialidad, confianza del púlbico, y credibilidad institucional".