Dos mil euros al mes por ser el jefe de ETA

«Soy etarra, pero no soy gili...». La frase, una de las que forman parte de la siniestra historia de la banda criminal, la pronunció el pistolero del «comando Madrid» José Ignacio de Juana Chaos cuando el miembro de los Grupos Especiales de Operaciones (GEOs) de la Policía le animaba a que hiciera lo que parecía que le rondaba por la cabeza: coger la pistola que tenía en la mesilla y enfrentarse al agente. Ocurrió en una madrugada de enero de 1987 en un piso de la calle Río Ulla de Madrid, en el que se escondía la célula terrorista.

Eso de no ser «gili» y considerar así a los demás, incluidos los de su propia organización criminal, parece que se ha convertido en una máxima dentro de ETA si se analiza lo que ocurre con los «sueldos». No es un secreto que los pistoleros no andan sobrados de medios pero, según han informado a LA RAZÓN fuentes antiterroristas, la detención de los integrantes del «aparato logístico militar», Iñaki Reta y Javier Goyenechea, y del «político», David Pla e Irache Sorzábal, ha permitido conocer que se asignaban los «sueldos» más elevados dentro de la banda, unos 2.000 euros, frente a los 600 o 300 que reciben los que aún no tienen esa suerte, militantes de base. Bajo el principio de que una cosa es ser jefe y otra, «indio», los cabecillas consideraban que su «alto grado de responsabilidad» merece unas retribuciones acordes con el mismo. A la mayoría de los militantes se les pide que se busquen trabajo para sufragar sus gastos y no ser onerosos para las arcas terroristas.

A los jefes no les faltaba, por tanto, de nada ya que la vida que hacían era casi una mezcla de clandestinidad y salidas a la calle, para que los vecinos les vieran de vez en cuando y no sospecharan de personas que permanecían siempre encerradas.

Las normas que ETA había dictado para sus jefes incidían en que estuvieran juntos el menor tiempo posible con el fin de evitar, como ha ocurrido en las dos últimas ocasiones, detenciones múltiples. Salvo que, por motivos excepcionales, tuviera que reunirse el «Zuba» (comité ejecutivo) para tomar decisiones o ser informado de asuntos de gran importancia.

Las salidas a la calle, normalmente para hacer la compra, las procuraban hacer en horas con pocos viandantes con el fin de que, si tenían que cruzar algún tipo de conversación, fuera de la menor duración posible. En el caso de las mujeres, como Sorzábal, es más fácil caracterizarse (con una peluca, por ejemplo) para evitar ser reconocidas, pero los varones, como Pla, con una cara tan fácil de reconocer, usaban todo tipo de artilugios para pasar inadvertidos.

El tiempo de permanencia en una casa dependía de si se sentían seguros o no, pero procuraban que no excediera de seis meses. Escogían siempre habitáculos cerca de los pueblos pero en pleno monte, cuya vigilancia resultara más complicada para las Fuerzas de Seguridad. Para ellos resultaba así más fácil detectar elementos extraños en la zona. A la mínima sospecha, organizaban el cambio de lugar pese a las complicaciones para poder comunicar al resto de los cabecillas su nueva dirección.

El traslado –en la actualidad han dejado el robo de coches y utilizan los de los miembros «legales» (no fichados)– sólo se realiza en casos extremos. Se hace en transporte público, autobús o tren (evitan los taxis) una vez que, por medio de los periódicos gratuitos de la zona, han concertado el alquiler de una nueva vivienda. Al propietario siempre le presentan documentación falsa y sobre el motivo de su estancia en el lugar se inventan una historia creíble pero difícil de comprobar.

Los etarras tienen prohibido de forma tajante su contacto con sus familiares en España, pero a veces pesan más los sentimientos personales, en especial de una madre. Esto es lo que, al parecer, ocurrió con Iratxe Sorzábal, que tiene una hija de seis años fruto de su unión con el cabecilla etarra, también detenido, Mikel Karrera Sarobe, «Ata», condenado en Francia a cadena perpetua por el asesinato de los guardias civiles Fernando Trapero y Raúl Centeno en la localidad francesa de Capbreton (por el que Sorzábal fue condenada a cinco años de prisión). La niña vive en Irún con la madre de Irache que, al parecer, en algún momento habría realizado alguna gestión para interesarse por el estado de su hija.

La Guardia Civil, en una operación que ha durado varios años, contaba con numerosas pistas para poder localizar a los cabecillas etarras y, probablemente, la hija de Sorzábal no ha sido la más importante. Se trata de una etarra con una larga experiencia en la clandestinidad y parece poco probable que cometiera un fallo de tal calibre.

La larga estancia en los pisos, sin más compañía que la lectura o la televisión, demuestra el grado de fanatización y adhesión a la «causa» de estos individuos, a los que se les recomienda que limiten al máximo las conexiones a internet, en especial a páginas del País Vasco relacionadas con la izquierda abertzale.

En los tiempos en que la inmensa mayoría de los mensajes se trasmiten a través de las redes, ETA sigue utilizando los correos «personales», individuos que llevan de un lugar a otro, sin conocer su contenido, las instrucciones de la banda en pequeños papeles que, a veces, son ocultados en determinadas partes del cuerpo como si de supositorios u otros aditamentos se tratara.

En los casos de Reta, Goyenechea y Sorzábal, la Guardia Civil tiene más o menos reconstruidos los itinerarios que han podido seguir en los últimos tiempos. No ocurre lo mismo con David Pla, que, desde que fue expulsado de Noruega en los primeros meses de 2013, cuando el Gobierno de Mariano Rajoy dejó claro que no iba a negociar con ETA, ha seguido un periplo en el que se sospecha que, al menos, ha estado en Irlanda del Norte, Bélgica y, por supuesto, Francia. Los últimos tiempos los ha dedicado a buscar, y parece que con éxito, un interlocutor discreto y a la vez con «prestigio» para que hiciera de intermediario con el próximo Gobierno de España.

Uno de los asuntos que investigan los expertos antiterroristas es de dónde saca el dinero ETA para mantener su entramado. Es verdad que, como no necesitan «comandos» para matar o destruir, no precisan de mucho capital, pero las reservas que tenían en 2011 se han acabado hace tiempo. En un documento publicado en su día por LA RAZÓN, en el que se marcaba la «hoja de ruta» para después del anuncio del «cese definitivo» de actividades, la banda señalaba que debería recibir cuatro millones de euros anuales en compensación por dejar de extorsionar a los empresarios a través del conocido «impuesto revolucionario». La banda no lo cobra desde entonces, lo que no quiere decir que no se le esté entregando ese dinero.

El documento señalaba que ETA necesita «apoyo económico para llevar su alto el fuego al ámbito del impuesto. Se analizarán en principio las ofertas que puedan venir del ámbito internacional en una situación así. Como consecuencia de cerrar el frente del impuesto, ETA exigirá ayuda de apoyo al alto el fuego de cuatro millones de euros anuales».

Mikel Irastorza, jefe «interino» del «aparato político» de ETA

ETA ya tiene recambio a su descabezada cúpula. Mikel Irastorza Artola, que ya estaba al frente del «aparato logístico militar», se hará también cargo, provisionalmente, del «político». Irastorza es un sujeto peligroso, que fue uno de los jefes de EKIN, el «comisariado político» de ETA. Junto con él, permanecen en la clandestinidad en Francia una treintena de militantes de la citada organización, profundamente fanatizados y acostumbrados a imponer su decisiones, que ahora cuentan con el factor suplementario de tener el control sobre la totalidad de la banda.

El arresto en febrero de 2010 en la Normandía francesa de Ibon Gogeascoechea, «Emile», jefe del «aparato militar», permitió la incautación de un texto, «Txinaurria Gorria» («Hormiga Roja» en euskera), en el que quedaba clara la dependencia de Ekin de la banda y la importancia que la organización criminal daba a su «comisariado político». De hecho, el que fue su responsable ejerce ahora de cabecilla de la banda terrorista.