Inmersión lingüística
Educación: la sentencia del Tribunal Supremo avala la Lomce y garantiza la educación en ambas lenguas
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha recalcado este martes que la sentencia del Tribunal Supremo sobre la inmersión ling~ística avala lo recogido en la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) al defender en ella la necesidad de garantizar la educación en ambas lenguas.
El TS ha rechazado este martes que los casos enjuiciados de las familias que han pedido la escolarización en castellano de sus hijos deba extrapolarse al conjunto del sistema de inmersión ling~ística de las escuelas catalanas, de manera que solo afecte a estos casos. Al hilo de esta decisión judicial, la consejera catalana de Enseñanza, Irene Rigau, ha pedido este martes al ministro de Educación, José Ignacio Wert, que rectifique la Lomce en relación a la inmersión ling~ística.
En un comunicado, el departamento de José Ignacio Wert subraya no obstante que el TS avala la Lomce y pide en el contenido dispositivo de la sentencia que "se garantice la educación en ambas lenguas", al mismo tiempo que recuerda que en la misma se recoge que la Generalitat de Cataluña "no cumple con lo ordenado en la sentencia ya que la enseñanza individualizada no es suficiente".
En este sentido, Educación se apoya en la sentencia de origen que ha dado lugar a la decisión del TS --sobre si la Generalitat debía tomar medidas solo en casos concretos o de manera generalizada-- para recordar que el alto tribunal ha fallado sobre "una decisión individualizada y no una modificación del sistema".
"Las conclusiones generales son las mismas que llevaron a introducir un artículo en la Lomce para aclarar esta cuestión", ha defendido el departamento de Wert, en referencia al artículo que establece que las Comunidades Autónomas tienen el derecho a proteger su lengua cooficial en su sistema de enseñanza, pero dentro de unos límites que significan que el castellano no sea excluido como lengua vehicular.
Además, recuerda el Ministerio, para entender que el castellano no es excluido, las Comunidades Autónomas "deben ofrecer de forma razonable la opción de una enseñanza en la que aparezca también el castellano como lengua vehicular".
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