El CGPJ pide a Interior que los jueces puedan visitar los centros de extranjeros

El Consejo General del Poder Judicial considera que los jueces deben visitar e inspeccionar los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) porque ello les acerca a la «realidad social» de los extranjeros que están en los mismos sometidos a expedientes de expulsión del territorio nacional. Por ello, la Comisión Permanente del CGPJ acordó ayer por unanimidad que el órgano de gobierno de los jueces y

magistrados lleve a cabo «de manera inmediata» las gestiones oportunas ante el Ministerio del Interior para acordar las condiciones que puedan permitir esas visitas, después de se le negara a un grupo de magistrados visitar el CIE de Gran Canaria. La Comisión Permanente, según fuentes del Consejo, no cuestiona la decisión adoptada por Interior en el ejercicio de sus poderes y de las competencias que le son propias, lo que ocurre con lo relativo a los CIE. Sin embargo, se considera que sería positivo autorizar esas visitas por los magistrados, ya que ello puede resultar «de especial interés par ala formación de los jueces, especialmente de los que tratan o vayan a tratar en el futuro asuntos de extranjería».Por otra parte, el Colegio Nacional de Secretarios Judiciales (CNSJ), mayoritario en este colectivo, valora de forma positiva, en líneas generales, el anteproyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder

Judicial, principalmente en lo que se refiere a la creación de los tribunales de instancias, el valor vinculante de la jurisprudencia del Tribunal Supremo o, en lo que se refiere a su Estatuto Jurídico, la eliminación de la discriminación respecto a jueces y magistrados en lo que se refiere al régimen disciplinario, según señaló ayer Rafael Lara, presidente del CNSJ. Sin embargo, se echa en falta por esta asociación un «diseño homégeneo de la Oficia Judicial en todo el territorio nacional, que tiene que ser el soporte de los tribunales de instancia». Por otro lado, los secretarios judiciales han propuesto al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, que puedan celebrar matrimonios, al

igual que se prevé para los notarios, por lo que deberían ser los encargados de los registros civiles, «y resolver procesos de separación o divorcio consensuado».