El Círculo de Economía urge a Mas a «cambiar el rumbo» hacia la ley

El Círculo de Economía se ha convertido por méritos propios en un actor más dentro del panorama político catalán desde el comienzo de la deriva soberanista. Desde el comienzo, el lobby empresarial se ha caracterizado por la moderación y ha abogado por una suerte de tercera vía, incluso por una consulta, como solución a la encrucijada catalana. Por ello, el tono, inusitadamente mordaz, empleado en su nota de ayer sorprendió a propios y extraños. El Círculo de Economía considera «indispensable y urgente corregir el rumbo» de la política catalana tras la resolución independentista del Parlament. Y pide para Cataluña un gobierno «con mayoría parlamentaria estable y respetuosa con la legalidad» o bien, si no es posible, aseguran la vía adecuada es que se convoquen «nuevas elecciones».

En una nota titulada «Corregir el rumbo de la política catalana», el lobby empresarial se pronuncia con una especial contundencia contra la resolución independentista aprobada el 9 de noviembre y asegura que no sólo rompe «la legalidad», sino que aumenta el riesgo de «seria fractura social en Cataluña al no existir siquiera una amplia mayoría social a su favor».

La institución, presidida por Antón Costas, advierte en la nota que la mencionada resolución, aprobada con los votos de Junts pel Sí (CDC y ERC) y la CUP, dada la «ruptura de la legalidad» que implica, ha tenido ya de entrada «efectos negativos ciertos y objetivos en las decisiones empresariales de inversión así como en la localización de sedes corporativas en Cataluña». Además, alerta de que la resolución independentista está teniendo efectos negativos en las inversiones en Cataluña desde el primer momento y anticipa un gobierno débil. Añade a continuación que «la inseguridad jurídica y la incertidumbre empresarial que crea esta declaración son altamente perjudiciales para la fortaleza de la economía catalana y los puestos de trabajo».

A su juicio, el resultado de las elecciones ha fortalecido la posición independentista, pero que esto no puede ser entendido como un cheque en blanco para alterar de manera unilateral la legalidad. Por ello, insisten en que hay que ir hacia una consulta legal y acordada después de las elecciones del 20 de diciembre. «Esa aspiración es legítima, pero debe encauzarse por caminos democráticos y no a través de la ruptura de la legalidad», argumenta esta institución, que al mismo tiempo constata el «profundo y amplio malestar» que existe en Cataluña con el funcionamiento del Estado de las autonomías.

En cuanto a la postura del Gobierno y de los partidos políticos de ámbito estatal, opina que han sido «renuentes» a dar respuesta política a ese malestar social, y lamenta que ese «quietismo no ha hecho sino aumentar la frustración y el malestar con el funcionamiento del modelo».

Por ello, el Círculo pone el acento en que las elecciones generales del próximo 20 de diciembre son una «oportunidad» para poner en marcha una «reforma política y territorial» que permita conciliar «el principio democrático con el principio de legalidad». En este sentido, esta institución pide que en el momento mismo de apertura de la nueva legislatura se convoque «la comisión parlamentaria para la reforma política», ya que no hacerlo sería «alimentar aún más la frustración y el malestar», advierte el Círculo, que muestra su «esperanza en que esa reforma política es» posible» y su voluntad de contribuir a ello.