El Consejo de Europa suspende a España en el control de la corrupción

Advierte de que los diputados y senadores deben declarar los regalos que reciben bajo fianza.

El Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco), dependiente del Consejo de Europa, mantiene el suspenso a España en lucha contra la corrupción. El Greco ha advertido de que los parlamentarios deberían informar públicamente de los regalos que reciben y los viajes a los que son invitados, así como ofrecer una serie de detalles sobre sus créditos financieros.

El Greco lleva desde 2005 haciendo «rondas de evaluación» a más de una cuarentena de países para analizar la situación con respecto a la lucha contra la corrupción. España se encuentra ahora inmersa en la cuarta ronda, cuyo objeto de estudio son los miembros de los parlamentos nacionales y los jueces y fiscales.

En el Informe Interino de Cumplimiento publicado ayer, el Greco concluye que España sigue sin cumplir cuatro de las once recomendaciones que le hicieron en diciembre de 2013 y que las otras siete se han cumplido sólo parcialmente. Esto, sin embargo, supone un avance respecto a la evaluación que el organismo internacional realizó en el verano de 2016, ya que en aquel momento España sólo había comenzado a aplicar cinco de los once consejos recibidos. Pero, según el Greco, los progresos que se han hecho son «limitados» y el grado de cumplimiento de las recomendaciones sigue siendo «en general insatisfactorio». España tiene un plazo de un año para informar de las acciones llevadas a cabo para mejorar la prevención de la corrupción en el poder legislativo y el judicial.

Entre las principales recomendaciones, el Greco subraya la necesidad de que se revise el sistema de supervisión y control de las declaraciones y normas de conducta. Aunque el informe destaca que todos los diputados y senadores están obligados a realizar una declaración de intereses económicos, de bienes y de actividades complementarias, ve necesario que se incluyan otras informaciones que pueden ser de interés y que han sido objeto de investigación en los tribunales españoles en el marco de conocidos casos de corrupción. Se trata de informaciones como el valor de mercado de propiedades y vehículos, nombres de las empresas donde tienen acciones o participaciones, tipo de interés que pagan por los créditos y los ingresos por actividades complementarias.