Moncloa explica que está «obligada» a impedir la investidura de un huido prófugo

Respeta al Consejo de Estado, pero defiende que debe frenar otra afrenta a la Constitución

Respeta al Consejo de Estado, pero defiende que debe frenar otra afrenta a la Constitución.

El Gobierno confirmó ayer la impugnación en el Tribunal Constitucional (TC) de la candidatura de Carles Puigdemont pese a que en la víspera había recibido un informe del Consejo de Estado que compartía los argumentos jurídicos, pero no el momento del recurso. El órgano consultivo cuestiona que se actúe sobre la base de la hipótesis de que Puigdemont no asistirá finalmente a la sesión de investidura, una incógnita que él no ha despejado. Sin embargo, en su recurso el Gobierno sostiene que sí hay fundamento legal para suspender el Pleno de investidura y actuar contra la candidatura del ex presidente de la Generalitat por ser un prófugo de la Justicia. Su condición de huido y que pese sobre él una orden de busca y captura en el momento en el que se ha oficializado su candidatura confirma, según Moncloa, que no tiene libertad de movimientos como para asistir a esa sesión de investidura porque si entra en España tiene que ser detenido y puesto a disposición de los tribunales. Éste es el argumento base, y lo que a juicio del Ejecutivo justifica que se anule la candidatura de Puigdemont. En el caso de que el candidato fuera Oriol Junqueras, se estaría en otro supuesto porque él no está huido, está respondiendo ante la Justicia española y es decisión de ésta, por tanto, si le autoriza a acudir al Pleno.

La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, explicó ayer los motivos por los que el Gobierno ha decidido seguir adelante con su recurso pese al pronunciamiento desfavorable del Consejo de Estado. El Gobierno entiende que tiene la obligación de utilizar todos los recursos legales y constitucionales a su alcance para frenar un nuevo movimiento por parte de Puigdemont que es una nueva afrenta a nuestra legalidad. Considera que el recurso está ajustado a derecho dentro del respeto a las consideraciones del Consejo de Estado. Y que, además, la obligación del Gobierno es tomar decisiones en los momentos difíciles. Sáenz de Santamaría subrayó que España se enfrenta a una situación excepcional, que exige decisiones «novedosas». Éste es un «momento inédito» en democracia. «Que pretenda ser investida una persona que no se somete a la Justicia, que está acusado de delitos tan graves como la sedición, la rebelión, la malversación y la desobediencia es una situación inédita», incidió.

Durante su comparecencia en Moncloa insistió en ese argumento, y también en que el Gobierno tiene una responsabilidad y un compromiso con la Constitución y la ley, que tiene que ejercer, y que si hay una posibilidad de suspender el Pleno de investidura tiene que utilizarla. La posibilidad implica riesgos, ya que en el futuro el TC puede resolver siguiendo el criterio del Consejo de Estado. Pero en un primer movimiento lo previsible es que admita a trámite la impugnación del Ejecutivo y suspenda cautelarmente el Pleno. En Moncloa no manejan otra hipótesis, y el jueves por la noche desde el Alto Tribunal admitían que si la impugnación se sostenía en el artículo 161.2 de la Constitución, estaban obligados a admitir el recurso y aceptar la petición de suspensión de la investidura. Esto colocaría al presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, al margen de la legalidad si persiste en mantener la convocatoria.

De no haber ejecutado la impugnación ante el Constitucional, la situación llevaba a que hasta el mismo martes el ex presidente de la Generalitat, con la complicidad del presidente del Parlamento catalán, no habría desvelado su estrategia, obligando a actuar sobre la marcha al Gobierno en la petición del informe al Consejo de Estado para dirigirse al Constitucional. El problema era que el Alto Tribunal no resolviese a tiempo de evitar la votación. Quiere evitar que se vuelva a producir un perjuicio que luego no pueda ser solventado. O dicho de otra manera, que como ocurrió con la declaración unilateral de independencia, llegue a haber votación de un acto ilegal en el Parlamento catalán, aunque luego el acto sea anulado. El Gobierno deja abierta la puerta a que el Pleno siga adelante si el independentismo elige a otro candidato. Incluso no cierra la puerta a que pueda ser Junqueras. «Sobre los que están en prisión le corresponde decidir al tribunal y no al Gobierno», zanjó la vicepresidenta.

En cuanto a los motivos por los que el Gobierno ha cambiado de opinión, ya que inicialmente estaba de acuerdo en que aún no había ningún hecho recurrible, Sáenz de Santamaría dio dos razones. El viaje de Torrent a Bruselas para que fuera de España tratara de constituirse una reunión institucional para esa candidatura y que el presidente del Parlamento catalán se reunió con los distintos representantes de todos los partidos y a pesar de que todos le pidieron que explicara cómo iba a organizar el Pleno de investidura, se negó a hacerlo.