Llarena da hasta el lunes para que Fiscalía y Vox informen sobre la libertad de Sánchez

El Tribunal Constitucional (TC) ha rechazado poner en libertad a Jordi Sánchez, candidato a la presidencia de la Generalitat. Llarena no resolverá sobre la libertad de Sánchez antes de que se celebre el pleno de investidura del lunes.

A Jordi Sánchez, candidato a la presidencia de la Generalitat y preso de la cárcel de Estremera (Madrid) por su imputación de los delitos de rebelión y sedición, entre otros, en la causa que se sigue por el «procés» en el Tribunal Supremo, sólo le queda ya una baza para que pueda acudir el próximo lunes a pronunciar su discurso de investidura, que no es otra que el juez instructor de esa causa, Pablo Llarena, se lo autorice, y esta tampoco parece que sea muy viable.

Hoy recibió la primera negativa a su pretensión de abandonar, al menos durante unas horas, su celda de la prisión. El Tribunal Constitucional le denegó, en una decisión adoptada por unanimidad, la petición realizada por el candidato al esgrimir, entre otros argumentos, que “es reiterada jurisprudencia constitucional no acordar la suspensión de las medidas privativas de libertad aunque éstas afecten de forma directa al derecho fundamental a la libertad personal”. En esta caso, añade el Alto Tribunal, los magistrados han valorado la circunstancia de que Sánchez se encuentre en prisión provisional es algo que “responde a las decisiones adoptadas por el magistrado instructor del Tribunal Supremo, decisiones que no han sido recurridas en amparo y que, por lo tanto, no son objeto del presente recurso”. Este recurso se refiere al que interpuso el número 2 de la candidatura que encabezaba el prófugo Carles Puigdemont, contra la orden de encarcelarle de la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela y el auto de la Sala de lo Penal de la Audiencia que confirmó tal decisión.

El Tribunal concluye que suspender la medida de prisión provisional sería igual que otorgar de forma anticipada el amparo al recurrente, por lo que el recurso quedaría vacío de contenido. Y en relación con las circunstancias sobrevenidas a las que se refiere el recurrente en su escrito, el Tribunal recuerda que pueden “hacerse valer en la vía judicial ordinaria”.

De esta forma, sólo le queda la remota opción de que el instructor del Supremo, Pablo Llarena, sea quien le autorice a desplazarse al Parlament el próximo lunes, bien con la libertad provisional bajo el brazo o, alternativamente, con un permiso extraordinario para estar presencialmente en el pleno y pronunciar su discurso de investidura.

Dado que Sánchez también solicitaba en esta instancia la libertad provisional, es por lo que el juez ha dado un plazo de cinco días para que informen tanto de esa solicitud como de las formuladas en términos similares por otros dos encarcelados, encarcelados, Jordi Cuixart y Joaquim Forn.

De esta forma, si tanto Fiscalía como Vox, partido que ejerce la acción popular, agotasen ese plazo, la resolución del magistrado no podría dictarse antes de que se celebre el pleno de investidura, fijado para el próximo lunes. A la hora de resolver, Pablo Llarena contará con un informe negativo de Vox a esa petición y, según fuentes jurídicas, otro en el mismo sentido del Ministerio Público.

En un principio, todo hace indicar que la decisión del Supremo será la de rechazar las libertades solicitadas, entre ellas la de Jordi Sánchez. El magistrado Pablo LLarena ya las denegó en otras ocasiones, al esgrimir el riesgo de reiteración delictiva. En concreto, rechazó su petición de que se le autorizase a acudir a la Cámara el día de su constitución, para poder votar. El instaructor dejó en manos de la Mesa la fórmula para que optara a delegar su voto.

El magistrado consideraba que permitir que pudiese acudir al Parlament podría, entre otros motivos, ocasionar problemas de orden público, ya que era prácticamente seguro que en las inmediaciones de la Cámara catalana se congregasen miles de personas en apoyo no sólo del ahora candidato, sino de quienes se encuentran presos en la misma causa. Este mismo argumento podría esgrimir ahora Llarena, junto con el riesgo de reiteración delictiva, para denegarle nuevamente su pretensión.