El Estado cierra la caja: no habrá nuevos gastos desde el miércoles

El Gobierno adelanta cuatro meses las restricciones al presupuesto para atajar el déficit y cumplir con Bruselas. No afectará a las pensiones, desempleo, personal o deuda pública

El Gobierno adelanta cuatro meses las restricciones al presupuesto para atajar el déficit y cumplir con Bruselas. No afectará a las pensiones, desempleo, personal o deuda pública

A partir del próximo miércoles 20 de julio, la Administración General del Estado no iniciará nuevos gastos hasta final de año con el objetivo de reducir al mínimo el gasto público. El Gobierno espera contentar así a la Unión Europea y evitar una multa por rebasar los límites de déficit fijados por Bruselas. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó ayer la orden ministerial que regula el cierre del presupuesto de los Ministerios a finales de julio, una situación excepcional para «cumplir los compromisos adquiridos con la Comisión Europea».

Además de los ministerios, tampoco podrán incurrir en nuevos gastos los Organismos Autónomos del Estado, la Agencias Estatales ni el resto de organismos públicos dependientes de la administración central. Se da la circunstancia de que el Estado, a diferencia de las comunidades autónomas, sí cumplió el objetivo de déficit el año pasado.

Adiós a gastos no prioritarios

«Esta decisión hará que los distintos ministerios no incurran en gastos que no son prioritarios y servirá para seguir avanzando en la consolidación fiscal», explicó ayer el Ministerio de Hacienda en una nota de prensa. No obstante, algunas partidas del presupuesto lograrán esquivar el «cerrojazo» del Ejecutivo. La excepción serán aquellos gastos «que se deriven del cumplimiento de normas legales o reglamentarias, entre las que se incluyen, por ejemplo, pensiones y desempleo, los autorizados por el Consejo de Ministros, así como los gastos de personal o deuda pública, entre otros».

Este adelanto en la fecha máxima en que la Administración puede iniciar y comprometer gastos no afecta tampoco al pago de los compromisos ya asumidos hasta la fecha, que podrán realizarse hasta el 30 de diciembre. «De esta forma, la orden no va a generar facturas pendientes de pago, ya que actúa sobre las fases iniciales del gasto, impidiendo que surjan compromisos o que se realicen prestaciones de los cuales pudieran derivarse posteriormente deudas para la Administración», explica el departamento que dirige Cristóbal Montoro.

El cierre del presupuesto se producirá cuatro meses antes de lo habitual en otros años. «Se viene estableciendo como fecha máxima en la que se pueden iniciar las actuaciones de gasto los primeros días de noviembre, con el fin de que el gasto pueda ser comprometido y ejecutado, completándose el procedimiento dentro del ejercicio. No obstante, el Gobierno en funciones ha decido este año adelantar a finales del mes de julio el cierre del presupuesto de gastos y operaciones no presupuestarias», dice Hacienda. El Gobierno considera «que es muy importante limitar el gasto público de todas las Administraciones Públicas en los próximos meses para conseguir unos ahorros que pueden ser decisivos para cumplir con los Objetivos de Estabilidad» marcados por la Comisión Europea.

En este sentido, el pasado mes de abril el Ejecutivo ya aprobó un acuerdo de no disponibilidad de créditos en el Presupuesto del Estado para 2016 por importe de 2.000 millones de euros, equivalente a una reducción del 3% del presupuesto de los ministerios, de los que Fomento asumió la mayor parte. En esta ocasión, se espera también que sean las nuevas licitaciones de obra pública las que carguen en su mayoría con este adelanto en el cierre de las cuentas públicas del Estado.

Esta iniciativa permitirá ahorrar a la Administración central unos 1.000 millones de euros este año, según afirmó esta semana el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos. Otras medidas propuestas por el Gobierno para rebajar el déficit son la subida de tipos en los anticipos que las grandes empresas pagan a cuenta del Impuesto sobre Sociedades (6.000 millones más de recaudación), así como nuevos instrumentos para luchar contra el fraude fiscal, con un impacto previsto de otros 1.000 millones.