Política

El Ejecutivo se niega a defender a Llarena frente a Puigdemont

Justicia informó de que «estudia contratar un bufete privado que defienda la competencia exclusiva y excluyente de la jurisdicción española en la causa penal abierta por «el procès»

El juez Pablo Llarena / Foto: Jesús G. Feria
El juez Pablo Llarena / Foto: Jesús G. Feria

Justicia informó de que «estudia contratar un bufete privado que defienda la competencia exclusiva y excluyente de la jurisdicción española en la causa penal abierta por «el procès».

El Ministerio de Justicia anunció ayer que defenderá en Bélgica la instrucción del juez Pablo Llarena del «procés», pero no le amparará respecto a las «expresiones o manifestaciones privadas» que Carles Puigdemont y cuatro de sus ex consejeros usan como argumento jurídico contra el instructor de la causa en el Tribunal Supremo.

Justicia informó, a través de un comunicado, de que «estudia contratar un bufete privado que defienda la competencia exclusiva y excluyente de la jurisdicción española en la causa penal abierta por “el procès” sin asumir en ningún caso la defensa del juez Llarena por los actos privados que se le atribuyen».

El departamento que dirige Dolores Delgado explicó que la demanda presentada en Bruselas por Puigdemont y sus ex consejeros «incluye también referencias a expresiones o manifestaciones privadas realizadas por el juez Llarena, ante las que el Gobierno no puede actuar, puesto que supondría defender a un particular por afirmaciones privadas que incluso en España podrían ser objeto de algún tipo de acción en su contra».

Pablo Llarena pidió al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que le amparase en relación con la demanda civil presentada en junio en Bélgica por Puigdemont y cuatro de sus ex consejeros, que le acusaron de falta de imparcialidad y de vulnerar su presunción de inocencia. La demanda fue admitida y un juez ha citado a Llarena el 4 de septiembre.

El 16 de agosto, el CGPJ otorgó amparo a Llarena y solicitó la actuación de los ministerios de Justicia y Asuntos Exteriores, a través de la Abogacía del Estado, «para asegurar la integridad e inmunidad de la jurisdicción española» ante Bélgica.

El Consejo consideró la demanda «un ataque planificado a las condiciones de independencia en las que [el magistrado] desarrolla su labor jurisdiccional» y una actuación urdida para «sin disimulo alguno, someter las actuaciones soberanas del Estado español a la jurisdicción de un Estado extranjero» y cuestionar «toda la instrucción» del «procés». Un acuerdo que no contó con el apoyo de la vocal Concepción Sáez, próxima gerente de la Mutualidad General Judicial, dependiente de Justicia.

La denuncia se basa en unas declaraciones que Llarena hizo el 23 de febrero en Oviedo. Según el abogado Christophe Marchand, el juez declaró que los políticos encarcelados en España «no son prisioneros políticos», lo que a juicio de la defensa prejuzga los hechos. «Emitió una opinión antes del juicio, fuera de los tribunales y por tanto prejuzgó», apuntó Paul Bekaert, letrado del ex president, al anunciar la demanda.

Puigdemont y los ex consellers Meritxell Serret, Antoni Comín, Clara Ponsatí y Lluis Puig le reclamarán una indemnización simbólica de un euro por daños y perjuicios.