El etarra al que se atribuye el atentado de Irene Villa pide salir de prisión

La Audiencia Nacional debe pronunciarse sobre la excarcelación a la que Interior se opone

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MADRID-El etarra que se proclama «arrepentido» Josu García Corporales, uno de los acogidos a la llamada «Vía Nanclares», ha solicitado un permiso para salir a diario de prisión con el fin de trabajar en Hendaya (Francia) en un empleo de montador de muebles. Invoca, para ello, el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, que le permitiría abandonar la cárcel todos los días durante varias horas, salvo los fines de semana. El Ministerio del Interior ya se ha opuesto a que se le conceda este nuevo permiso, dado que, hasta el momento, ha disfrutado de casi una decena. «Gitanillo» fue detenido en Francia en febrero de 1994 y se le atribuyeron entonces varios atentados perpetrados por el «comando Madrid», entre ellos la colocación de una bomba lapa que hirió de gravedad a Irene Villa y a su madre. No se le ha podido probar este crimen y, por lo tanto, no pesa sobre él sentencia por el doble atentado. Sin embargo, María José González, la madre de Irene, manifestó en 2010, con ocasión de otro permiso a este individuo, que era una «vergüenza» que se le dieran beneficios.

García cumple condena en la prisión de Zaballa. En mayo de 1999, tras su entrega a España uno año antes, fue sentenciado a 64 años de prisión por el intento de asesinato de tres guardias civiles de una patrulla del Instituto Armado, contra la que colocaron una bomba en el término municipal de Orozco (Guipúzcoa). Formaba entonces parte de un «comando legal».

García está clasificado en segundo grado penitenciario. El permiso que ha solicitado ahora es similar al que ya disfruta el que fuera jefe del aparato político de ETA José Luis Álvarez Santacristina, «Txelis», que sale a diario de la cárcel de Martutene (Guipúzcoa) para dar clases como profesor, informa Ep. La Junta de Tratamiento de la prisión de Zaballa ha emitido un informe en contra de la petición de «Gitanillo», que fue ratificado por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. En cualquier caso, será el Juzgado Central Penitenciario de la Audiencia Nacional, ante el que recurrió la defensa del etarra, el que decida sobre este asunto.

Con este caso, Interior vuelve a negarse a conceder beneficios penitenciarios a los presos de la banda, incluso a aquéllos que se encuentran desvinculados de la organización y que en su día se acogieron a la denominada «Vía Nanclares».

En los últimos meses, el departamento que dirige Jorge Fernández Díaz se ha opuesto ya a dos terceros grados y dos 100.2 para presos en esta situación, recluidos en la prisión alavesa de Zaballa.

Además, en el caso de «Gitanillo» tendría que abandonar el territorio nacional para acudir al trabajo.