El ex alcalde de Toledo desmiente a Bárcenas: «No he recibido una comisión en mi vida»

El ex alcalde de Toledo José Manuel Molina negó ayer al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz que, como mantiene el ex tesorero del PP Luis Bárcenas, su partido cobrara en 2007 una comisión de 200.000 euros de Sacyr Vallehermoso –supuestamente para financiar la campaña electoral de María Dolores de Cospedal de ese año– a cambio de la adjudicación del contrato municipal de basuras a una de sus empresas, Sufi, que terminó avalando seis meses después el Gobierno municipal del PSOE tras llegar a la Alcaldía.

«Yo no he adoptado ningún acuerdo ilegal y no he recibido una comisión en mi vida», se defendió Molina a las puertas del tribunal. El ex regidor toledano, que desde marzo ejerce de canciller en la embajada española en Kinshasa (República Democrática del Congo), dijo que emprenderá acciones legales para defender su honor, «el mayor patrimonio que tengo».

Según fuentes jurídicas, Molina asumió que el procedimiento para aprobar el preacuerdo sobre los servicios municipales de limpieza (firmado cuatro días antes de las elecciones) no era el más adecuado y obligaba al Ayuntamiento que saliese de las urnas, pero que se llevó a cabo para atajar la huelga de basuras en la ciudad.

Su sucesor en la Alcaldía, Emiliano García-Page, quien declaró como testigo, aseguró que no había forma de eludir el preacuerdo firmado por el PP con Sufi y que su objetivo, tras tomar posesión, fue «minimizar los daños económicos». A la entrada de los juzgados, calificó el contrato como «un marrón muy grande».

También declaró ante Ruz el viceinterventor del Ayuntamiento de Toledo Francisco Javier Sánchez Rubio, quien aseguró que el protocolo firmado por el Ayuntamiento, Sufi y el comité de empresa del servicio de basuras para la adjudicación del servicio de recogida de residuos «no obligaba» al posterior equipo de Gobierno, encabezado por el socialista García-Page, que fue el encargado de ejecutar la adjudicación en noviembre de 2007. Sánchez Rubio reconoció, no obstante, que no asumir ese protocolo «sí acarreaba para el Consistorio obligaciones futuras si se producían modificaciones del preacuerdo». A él, dejó claro, no le consultaron y el informe fiscalizador no lo realizó hasta enero de 2008, cuando advierte que el preacuerdo era nulo de pleno derecho al omitir el procedimiento legalmente establecido. El sobrecoste para hacer frente a las modificaciones del convenio (que según la Intervención General del Estado asciende a 11, 4 millones en 14 años) no debía «ser asumido íntegramente» por el Ayuntamiento, señaló entonces Sánchez Rubio.

Por último, Sebastián González, responsable de Organización nacional del PP, negó al juez que, como mantiene Bárcenas, trasladase a éste el supuesto interés de la entonces candidata a presidir la Junta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, de «plantear un tema relacionado con el Sr. Molina y algo relacionado con Toledo».