El exsecretario general de UGT-A declara por el fraude de las facturas falsas

El juez de instrucción número 9 de Sevilla ha citado a declarar como imputado al exsecretario general de UGT-A Francisco Fernández Sevilla y a su antecesor en el cargo, que no podrá acudir al juzgado.

El juez de Instrucción número 9 de Sevilla, Juan Jesús García Vélez, que investiga el presunto fraude de la UGT-A mediante facturas falsas a través de las subvenciones para cursos de formación, ha citado a declarar mañana como imputado al ex secretario general del sindicato Francisco Fernández Sevilla.

Su antecesor en el cargo, Manuel Pastrana, también había sido citado para mañana y ha mostrado su disposición a declarar, pero no irá por la enfermedad degenerativa que padece.

Los dos ex secretarios generales están acusados por el juez de los delitos de falsificación y fraude de subvenciones entre el 2009 y el 2013, y la Fiscalía Anticorrupción considera que son responsables de la financiación ilegal de la UGT-A por medio de “la defraudación generalizada en las subvenciones recibidas relativas a fondos de formación”.

Para estas declaraciones, el juez ha solicitado una sala especial de vistas en la que quepan los abogados de los 17 acusados y los que ejercen las acusaciones en representación del PP, UPyD y Manos Limpias.

“Mecanismo esencial del fraude”

El juez ha destacado en sus citaciones judiciales que el vicesecretario de Administración y Recursos Humanos de la UGT-A, Federico Fresneda, fue “contundente” en su testimonio cuando ratificó la implicación de Pastrana y Fernández Sevilla en la creación de una central de compras de este sindicato que considera el “mecanismo esencial” en el fraude que investiga.

El juez explica que esta central de compras se concretaba en la técnica de rápel, que permitía a la UGT lucrarse con los descuentos que los proveedores le realizaban en las facturas y que no se declaraban a la Administración que les concedía la subvención.

La central de compras también se nutría con el denominado “bote”, informatizado y controlado a través del programa informático Sypro, a través del cual el sindicato se financiaba con cargo a un saldo acreedor, generado mediante el pago a proveedores de facturas simuladas que no correspondían a servicio prestado alguno pero que se imputaban a programas subvencionados, señala el juez.

Central de compras del sindicato

Según la Fiscalía Anticorrupción, Pastrana y Fernández Sevilla son responsables de la financiación ilegal de la UGT-A por medio de “la defraudación generalizada en las subvenciones recibidas relativas a fondos de formación”.

Pastrana, secretario general de 1998 a 2013, y su sucesor, que en ese periodo era secretario de organización, participaron en la denominada “central de compras” del sindicato.

La actividad ordinaria de la UGT-A se sufragaba con fondos que realmente eran procedentes de subvenciones destinadas a formación, asegura Anticorrupción.

Para sus conclusiones, la Fiscalía tiene en cuenta las declaraciones Fresneda, que señaló a Pastrana y Fernández como los que decidían en la ejecutiva las empresas que pagaban el “rápel”, compañías con las que mantenían una “intensa relación”.

Además, cuando desde el departamento de compras se querían incorporar nuevos proveedores, Fresneda sistemáticamente obstaculizaba esta posibilidad a pesar de contar los nuevos proveedores con condiciones más ventajosas para el sindicato, según la Fiscalía.