El «frente de cárceles» tiene 3 millones de presupuesto, la mitad para los abogados

Se han incautado los canutillos utilizados para llevar a las prisiones las órdenes de ETA.

Los registros efectuados por la Guardia Civil en el desarrollo de la «operación Mate» contra el «frente de cárceles» de ETA, en la que han sido detenidos doce abogados y cuatro «tesoreros» procedentes de Herrira, se han incautado una serie de documentos en los que se reflejan entradas y salidas de dinero, entre ellas las destinadas a entregar una mensualidad a los presos que se mantienen fieles a la banda terrorista.

El «frente de cárceles» estaba perfectamente informado de lo que ocurre en los centros penitenciarios gracias a la labor que realizaban los abogados, que sabían qué reclusos se mantenían dentro de la disciplina de ETA y cumplían sus instrucciones y quiénes no lo hacían. Estos últimos eran borrados de las listas de pago de las mensualidades, que gestionaban los «tesoreros» de Herrira.

Esta organización, cuya actividad está prohibida por sentencia de los tribunales de Justicia, gestiona al año un presupuesto de tres millones de euros. La mitad de esta cantidad está destinada al pago de los abogados y el resto se dedica a los presos, a los médicos que les atienden, a necesidades de los familiares de los reclusos, etcétera, todo ello con el fin de mantener unido y sin fisuras al «colectivo».

Fuentes antiterroristas, consultadas por este periódico, han señalado que la operación de la Guardia Civil no se dirige contra el trabajo de los abogados. Todo lo contrario, ya que, según todos los indicios, estamos ante una organización que depende de ETA y que se dedica al control de los reclusos de la banda.

Entre los derechos de los presos y sus abogados figura que se puedan entrevistar cuantas veces sea necesario para preparar los juicios y cualquier otra diligencia. Por ello, si su labor era tan sólo profesional, no se entiende que en los registros se hayan encontrado canutillos enrollados en forma de bellota en los que se escondían las instrucciones del «frente de cárceles» y las comunicaciones de los reclusos, en las que se informaba de lo que ocurría en cada cárcel y si algún interno no cumplía las instrucciones de ETA.

Estos artilugios se introducían y sacaban de los centros penitenciarios escondidos en las oquedades del cuerpo humano, al estilo del sistema que utilizan los narcotraficantes para tratar de burlar los controles policiales en puertos y aeropuertos.

Por lo que respecta a los 90.000 euros que la Guardia Civil se ha incautado en los distintos registros, entre ellos la sede de LAB y las «herriko tabernas» de la Ronda de Bilbao y la Kukurdi de Lejona, las investigaciones indican que fueron los tesoreros de Herrira y una serie de voluntarios controlados por ellos los que realizaron la recogida del dinero en la manifestación a favor de los presos celebrada en Bilbao el pasado día 10. Se trata, en cualquier caso, de dinero que escapa al control de Hacienda y que, según las citadas fuentes, se dedicada, entre otros fines, al pago de abogados y de las mensualidades de los reclusos. La operación de la Guardia Civil demuestra, asimismo, la voluntad de ETA de mantener operativas no sólo sus estructuras logísticas, con los zulos donde esconde armas y explosivos y la red de pisos en la que se ocultan los cabecillas y los miembros de la «reserva», sino las encargadas de controlar a los presos y mantener las relaciones con las organizaciones de su entramado.

A última hora de la tarde de ayer, el juez Eloy Velasco puso en libertad con cargos a cinco de los doce detenidos: Amaia Izko, Haizea Ziloaga, Eukene Jauregui, Arantxa Aparicio y Onintza Ostolaza. Estas cinco letradas han sido imputadas por pertenencia o colaboración con organización terrorista, blanqueo de capitales y dos delitos de defraudación del IVA, aunque se les permite la asistencia legal a sus patrocinados «sólo en casos concretos y en vis a vis». El resto de detenidos declararán ante el juez entre hoy y mañana.