El Gobierno avisa: «No habrá impunidad»

El Gobierno se aferró ayer al principio de que la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) sobre el caso de la etarra Inés del Río no establece una «doctrina generalizada», sino que tendrán que ser los tribunales, «caso por caso», los que decidan su alcance futuro. A media mañana comparecieron los ministros de Justicia y de Interior, Alberto Ruiz Gallardón y Jorge Fernández, respectivamente, para valorar un fallo que el Ejecutivo español lamenta y rechaza, pero que no tiene más remedio que asumir y aceptar.

En lo que afecta directamente al Ejecutivo, su respuesta fue ratificar que esta resolución de la Corte europea no cambiará su política antiterrorista ni penitenciaria; y adelantar que no indemnizará a la etarra, tal y como también reclama el TEDH, sino que descontará los 31.500 euros, que los magistrados europeos dicen que hay que abonarle, de las indemnizaciones que ésta tiene pendiente pagar a sus víctimas en concepto de responsabilidad civil. El Estado tuvo que hacerse cargo de las elevadas indemnizaciones por resarcimiento a las víctimas de sus atentados porque la etarra se declaró insolvente. Esas cantidades se anticiparon con cargo al presupuesto público y es una deuda que la terrorista mantiene con él. Todavía no ha prescrito el derecho de la Administración estatal de reclamar a la condenada la cantidad adelantada. El Gobierno ha dado instrucciones a la Abogacía del Estado para que aplique este mismo criterio a los demás casos similares a éste que pudieran darse. Ayer también dejó la promesa de que estará vigilante para evitar cualquier acto de exaltación al terrorismo.

La decisión de Estrasburgo abre un boquete en la política criminal y también, inevitablemente, va a servir de acicate para cohesionar más al mundo de los presos etarras frente a la política dirigida a la reinserción individual de los mismos mediante instrumentos como la «vía Nanclares».

Aunque el Gobierno insistió ayer en el mensaje de que serán los jueces, como poder independiente, los que decidan cómo se aplica la resolución del TEDH, el Ministerio Público hará un informe detallado de sus posibles repercusiones en los casos de condenados por el Código Penal de 1973 que pudieran verse afectados por la resolución comunitaria. En ese sentido, Ruiz Gallardón y Jorge Fernández coincidieron en hacer pedagogía e intentar quitar hierro al grave veredicto que deja en el aire la «doctrina Parot», un instrumento fundamental para alcanzar la derrota de ETA. El mensaje del Gobierno es que se han hecho las reformas necesarias para evitar que «golpes» como éste puedan volver a producirse. El Código Penal de 1995 ya contempla el cumplimiento íntegro de penas, y desde entonces se ha ido perfeccionando el sistema hasta llegar a la última reforma –según subrayó el ministro de Justicia–, la que ha impulsado el Gobierno de Rajoy y que plantea la prisión permanente revisable para los delitos más graves, de tal manera que ya no puedan salir a la calle en igualdad de condiciones un condenado por un asesinato «y otro que lo fue por veinte». Ruiz Gallardón resaltó que de haber estado en vigor la reforma ahora en tramitación, hubiera sido aplicable al caso de la etarra Inés del Río, cuyo recurso es el que ha dado lugar al frío y técnico fallo de Estrasburgo.

«La decisión de Estrasburgo responde a un recurso individual que afecta a una persona, no hay una doctrina generalizada y por eso tendrá que estudiarse caso por caso. Hay que individualizar cada una de las peticiones y habrá que responderlas», defendió Ruiz Gallardón.

Por su parte, el titular de Interior sostuvo que el Gobierno velará por el cumplimiento de la ley y, especialmente, para que no se produzcan actos de enaltecimiento del terrorismo ni de humillación a las víctimas. «No vamos a permitir que quienes salen de la cárcel sean recibidos como héroes. Esta decisión del Tribunal Europeo no va a suponer, en ningún caso, impunidad», puntualizó el ministro Jorge Fernández.

Según los datos del Gobierno, el fallo del TEDH podría afectar también a seis miembros del GRAPO, uno del GAL, un independentista gallego y 15 delincuentes peligrosos, violadores y asesinos en serie. Los dos ministros hicieron ayer una mención expresa a las víctimas del terrorismo. «Este fallo nos duele de forma muy intensa», explicó el ministro de Justicia. El Gobierno sostiene que ha hecho todo lo que estaba a su alcance para que el TEDH respetara la «doctrina Parot», y que lo que ocurra a partir de ahora no será responsabilidad suya, sino decisión de los tribunales.