El Gobierno coloca a Torrent frente al ejemplo de Forcadell

El Ejecutivo pide un dictamen al Consejo de Estado para recurrir la Ley de Presidencia.

El Gobierno activó ayer los trámites para recurrir la reforma de la ley de Presidencia. La modificación legal pretende permitir que se pueda elegir como president a un diputado que resida fuera de Cataluña. Es decir, es una reforma hecha sólo para mantener el conflicto con el Estado e intentar de nuevo investir a Carles Puigdemont.

El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, confirmó tras la reunión del Consejo de Ministros que el Gobierno ya ha solicitado el previo dictamen preceptivo al Consejo de Estado para interponer recurso ante el Tribunal Constitucional. Este recurso se suma al que el Ejecutivo presentó en enero en la primera intentona de Puigdemont de ser investido a distancia.

La nueva petición al Consejo de Estado tiene carácter de urgencia y será estudiada ahora por la Sección Primera del Consejo de Estado, que preside Landelino Lavilla, y que entiende de los asuntos procedentes de la Presidencia del Gobierno y de los ministerios de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales y de Asuntos Exteriores y Cooperación. Tras el informe de esta Sección, el dictamen deberá ser aprobado por la Comisión Permanente que, según fuentes del máximo órgano consultivo del Ejecutivo, se reunirá el próximo lunes antes de remitir su opinión sobre la ley al Ejecutivo. La reforma del Parlamento catalán fue aprobada por el procedimiento de lectura única pese a que el Consejo de Garantías Estatutarias lo desaconsejaba.

Desde el Gobierno reclamaron a los independentistas que tomen nota de las consecuencias que ya ha tenido la decisión de situarse al margen de la legalidad vigente. «El Gobierno no tolerara fraudes de ley y, además, ¿en qué cabeza cabe que una persona que está a la espera de extradición pueda ser presidente? El Gobierno usará todas las armas, las armas jurídicas, para luchar contra el fraude de ley», sentenció el portavoz. Antes de recordar que la actual Mesa de la Cámara catalana «ya ha sido advertida de las irregularidades en que puede incurrir». La anterior presidenta del Parlamento autonómico, Carme Forcadell, está en prisión provisional acusada de los delitos de rebelión, desobediencia y malversación.