Moncloa reivindica que “el interés general justifica la acción del Gobierno” en Cataluña tras la sentencia del “procés”

El Ejecutivo solicita ahora al TC la declaración de nulidad y la inmediata suspensión de las resoluciones del Parlament de julio que defienden la autodeterminación y la reprobación del Rey

El Gobierno ha querido despejar hoy dudas sobre las facultades que posee -por el hecho de estar en funciones- para frenar una eventual escalada de tensión o violencia en Cataluña tras hacerse público el fallo del “procés”. La portavoz Isabel Celaá ha defendido que este es “el Gobierno de todos y que hará frente a los desafíos con sentido común, confianza y determinación”, pero inmediatamente ha recordado que el hecho de estar “en funciones no significa que este sea un Ejecutivo disfuncional”. En este sentido, desde Moncloa recuerdan que la Constitución y la legislación otorgan atribuciones al Ejecutivo, a pesar del periodo de interinidad, y que estas vienen recogidas en la Ley de Gobierno. “El Gobierno tiene todos los medios a su alcance y los aplicará en caso de que se abra la puerta a la excepcionalidad. Solo la Generalitat tiene la llave para abrir esa puerta y lo que queremos es que no la abra y continúe en la legalidad”, ha destacado.

En concreto, Celaá ha querido reivindicar que “no quepa duda” de que en base a los criterios de “urgente necesidad” o “interés general” se “justifica la acción del Gobierno” en Cataluña tras la sentencia del “procés”. En los últimos días han surgido varios interrogantes sobre la capacidad del Ejecutivo para poner en marcha medidas como el artículo 155 o la Ley de Seguridad Nacional en Cataluña, si hubiera una respuesta ilegal al fallo del Tribunal Supremo. En Moncloa confían en que no se llegue tan lejos por parte del independentismo y se van frenando los pasos que se van dando desde el soberanismo en este sentido.

Por ello, el Consejo de Ministros ha aprobado plantear dos incidentes de ejecución de sentencia ante el Tribunal Constitucional, relativos a algunos apartados de la resolución aprobada por el Pleno del Parlament de Cataluña sobre las ‘’propuestas para una #Cataluña real’’.

En concreto, sobre la ratificación en defensa del ejercicio del derecho de autodeterminación como instrumento de acceso a la soberanía del conjunto del pueblo catalán y sobre la reprobación del rey Felipe VI, por entender que “vulneran directa y frontalmente varias sentencias del Tribunal Constitucional”. De este modo, el Gobierno solicita al TC la declaración de nulidad y su inmediata suspensión y le pide que advierta al presidente del Parlament, al secretario general, y a la Mesa, de su obligación de acatar estas sentencias, ya que de no hacerlo, advierten, se someterán a “consecuencias de naturaleza jurídica y penal serias”. El ministro Luis Planas no ha querido determinar cuáles serían, se ha referido por encima al “desacato”, pero ha destacado que “lo mejor para todos es que la Mesa cumpla el requerimiento”.

Estas resoluciones se aprobaron el 25 de julio y Moncloa justifica ahora que, más de dos meses después, es “el momento oportuno” de presentar este incidente de ejecución “para el que no hay plazo y que requiere una preparación jurídica”. Un mecanismo que se “utiliza muy poco” y que es “importante” porque se utiliza para “evitar presentar un recurso sobre temas en los que ya existe doctrina del Tribunal Constitucional”.

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