El Gobierno estudia llevar la expansión de Gibraltar al tribunal de la ONU

El conflicto de Gibraltar puede terminar en la Organización de Naciones Unidas (ONU). La enésima afrenta de las autoridades del Peñón ha hecho que España se plantee apurar las opciones legales para resolver las controversias con Reino Unido respecto al contencioso. El propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ya dejó claro el pasado viernes que España tomará las medidas legales que considere pertinentes para defender sus intereses en la zona. De hecho, el Ejecutivo ya se ha puesto manos a la obra y, según ha podido saber LA RAZÓN, la Asesoría Jurídica del Ministerio de Asuntos Exteriores está estudiando la viabilidad de trasladar las discrepancias a la Corte Internacional de Justicia (CIJ), principal órgano judicial de la ONU, para que dirima las diferencias con Reino Unido respecto a Gibraltar. La ocupación británica del istmo que separa el Peñón de La Línea de la Concepción y la jurisdicción sobre las aguas adyacentes a Gibraltar serían las principales cuestiones que el Gobierno plantearía al tribunal internacional, con sede en La Haya.

La resolución 2070 de la Asamblea General de la ONU celebrada el 16 de diciembre de 1965 instó a España y Reino Unido a negociar el Estatuto de Gibraltar y, año tras año, ha insistido en que el mejor camino para resolver esa diferencia es la negociación bilateral entre ambos países. Pero las sucesivas conversaciones, como es sabido, no han dado fruto alguno, por lo que España cree que es el momento de dar un paso más en el terreno legal al que hacía referencia Rajoy.

Reino Unido lo planteó en 1966

Pero dejar en manos de la ONU esas diferencias –una decisión sin precedentes en este conflicto– requiere de un acuerdo de compromiso entre el Reino Unido y España para someter ese contencioso al Tribunal Internacional de Justicia, el organismo de Naciones Unidas encargado de resolver, desde su creación en 1945, los litigios jurídicos entre países miembros. Pese a las diferencias entre ambos estados sobre Gibraltar, esta posibilidad ya se planteó en 1966 en la primera ronda negociadora entre los dos países. Y fueron precisamente los representantes británicos quienes la pusieron sobre la mesa. Desde ese momento, además, esta solución jurídica ha sido puesta varias veces de manera informal sobre la mesa de las negociaciones.

De las tres cuestiones que podría plantear España, la relativa a la situación jurídica del Peñón estaría en un segundo plano (al margen de que no se renuncie a la sempiterna aspiración a la descolonización del territorio), puesto que España no niega la vigencia del artículo X del Tratado de Utrecht por el que, en 173, se cedió a Gran Bretaña «la plena y entera propiedad de la ciudad y castillo de Gibraltar, juntamente con su puerto, defensa y fortalezas que dicha cesión se efectuaba «sin jurisdicción alguna territorial y sin comunicación alguna abierta con el país circunvecino por parte de tierra».

Más controvertida sería la discrepancia jurídica sobre la ocupación del istmo, donde Gibraltar construyó en 1938 su aeropuerto tras usurpar ese territorio a España en el siglo anterior. La resolución de ese viejo pleito es incierta, reconocen las fuentes consultadas, puesto que Reino Unido siempre podría argumentar «una eventual aquiescencia española a su ocupación», lo que podría derivar en que el tribunal, integrado por 15 magistrados, apreciara que esa adquisición del territorio ha prescrito. El Gobierno defendería, en ese caso, la ilegalidad del «carácter fraudulento, cuando no violento, de la ocupación británica».

Por último, Exteriores también sopesa llevar a la ONU el conflicto sobre la jurisdicción de las aguas territoriales, aunque no parece probable que el tribunal acepte íntegramente la doctrina de la «costa seca» que defiende nuestro país (la plena jurisdicción española sobre las aguas que rodean el Peñón). Respecto a las aguas que rodean al istmo, la decisión del TIJ dependería de su resolución respecto a la soberanía del propio istmo.

El Peñón, cada vez más extenso

El Reino Unido ha ido progresivamente expandiendo el territorio de la colonia desde que, en 1815, ocupó parte del istmo que une Gibraltar con la Península con el pretexto de instalar un hospital de emergencia a consecuencia de una epidemia, un argumento que volverían a esgrimir en 1854 los británicos para ampliar de nuevo la superficie del Peñón. A comienzos del siglo XX, en 1909, el Reino Unido constata la ocupación levantando una verja que separa la colonia del territorio español, anexionándolo de facto a Gibraltar. Sólo era cuestión de tiempo que el Peñón se lanzara a la construcción de un aeropuerto en 1938. Las protestas españolas no sirvieron para nada, como tampoco las realizadas frente a las sucesivas maniobras de Gibraltar para ampliar poco a poco su zona portuaria.