El Gobierno impugnará la declaración soberanista si vulnera la Constitución

La Abogacía del Estado estudiará «con rigor» y «de manera exhaustiva» la declaración soberanista y sus posibles contradicciones con puntos de la Constitución como el artículo 2

La Abogacía del Estado estudiará «con rigor» y «de manera exhaustiva» la declaración soberanista y sus posibles contradicciones con puntos de la Constitución como el artículo 2, que dice que «la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad de todas ellas». En la declaración aprobada por el Parlamento catalán se reconoce a Cataluña «como sujeto político y jurídico soberano». El Gobierno ha dado instrucciones para que ese análisis se realice con urgencia para que pueda llegar al Consejo de Ministros lo antes posible.

Desde un primer momento, el Ejecutivo ha dado a entender que no veía efectos jurídicos en el pronunciamiento del Parlamento catalán y que, por tanto, había escasas posibilidades de que prosperase por ejemplo su impugnación ante el Constitucional. Pero también ha dicho que estudiaría en cualquier caso la declaración por si había algún margen de actuación. La presión para que el Gobierno mueva ficha se está dejando sentir, y no llega sólo desde sectores próximos al PP. La respuesta a esa presión es el mensaje de que la decisión se adoptará no por motivos políticos, sino «estrictamente jurídicos».

La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, recordó ayer que la declaración del Parlamento catalán obtuvo el respaldo de 85 diputados frente a los 135 que tiene la Cámara. Es decir, que ni siquiera alcanzó los dos tercios necesarios para reformar el Estatuto de Autonomía, al cual supera. «No ha logrado la mayoría excepcional que algunos reclamaban», sentenció tras el Consejo de Ministros en ausencia del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de viaje oficial a Chile.

En relación a Cataluña, desde el Gobierno insisten en que harán cumplir la Ley, especialmente la Constitución, «que es la ley de leyes». «La Constitución es de todos y no puede dejar de aplicarse la ley de todos», precisó Sáenz de Santamaría. Y por eso, la Abogacía del Estado estudiará las implicaciones constitucionales del pronunciamiento soberanista dada la «relevancia jurídica» del asunto. De momento, el Ejecutivo sostiene que lo aprobado por los diputados catalanes no se ajusta a las normas y al marco de convivencia «que nos hemos dado entre todos». Sáenz de Santamaría también destacó que no se ajusta al marco europeo «en el que nos movemos» y que «añade incertidumbre en un momento en el que la estabilidad es muy necesaria». «En la Unión Europea se avanza hacia la integración y aquí se pretende recorrer un camino contrario, que de nada sirve», sentenció.

En esa misma línea se expresó ayer Rajoy desde Chile al confirmar el encargo de un informe a la Abogacía del Estado para que decida si hay que recurrir o no la declaración aprobada por el Parlamento de Cataluña sobre el derecho a decidir y, en caso de no hacerlo, si podría tener consecuencias en el futuro. El jueves ya aseguró en Perú que la declaración de soberanía aprobada esta semana por el Parlamento catalán «no sirve para nada».