El Gobierno lleva al Congreso ante el Constitucional por levantar sus vetos

Afecta a dos iniciativas sobre el calendario de la Ley de Educación y sobre una modificación del Estatuto de los Trabajadores referido a las condiciones laborales de los empleados subcontratados

El portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, durante la rueda de prensa tras la primera reunión del Consejo de Ministros del nuevo año
El portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, durante la rueda de prensa tras la primera reunión del Consejo de Ministros del nuevo año

El Gobierno ha planteado ante el Tribunal Constitucional un conflicto de atribuciones con el Congreso por la decisión de la Mesa de la Cámara baja de levantar dos vetos de la veintena que ha interpuesto el Ejecutivo a diversas proposiciones de ley de los grupos parlamentarios.

El Gobierno ha planteado ante el Tribunal Constitucional un conflicto de atribuciones con el Congreso por la decisión de la Mesa de la Cámara baja de levantar dos vetos de la veintena que ha interpuesto el Ejecutivo a diversas proposiciones de ley de los grupos parlamentarios.

Según ha informado el portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, se trata de un conflicto referido a los dos vetos que levantó la Mesa a dos iniciativas sobre el calendario de la Ley de Educación y sobre una modificación del Estatuto de los Trabajadores referido a las condiciones laborales de los empleados subcontratados.

El Gobierno tiene la capacidad constitucional de vetar aquellas proposiciones de ley de los grupos parlamentarios que, a su juicio, conlleven un aumento de gastos o una disminución de los ingresos presupuestarios.

Bajo esta premisa, el Gobierno ha vetado ya la tramitación parlamentaria de dieciocho proposiciones de ley de los grupos, la última reclamando una bajada del IVA cultural.

Una postura del Ejecutivo que ha generado mucho malestar en la oposición y ha llevado a la Mesa del Congreso -en la que el PP no tiene mayoría- a levantar dos de esos vetos al entender que no estaban suficientemente razonados.

Ahora, el Ejecutivo recurre esa decisión de la Mesa porque, según ha dicho Méndez de Vigo, es necesario "controlar y asegurar el derecho de cualquier gobierno de oponerse a cualquier iniciativa legislativa que implique aumento de gasto o disminución de ingresos".

El ministro ha señalado que no se trata de entrar "en el fondo de la cuestión"de estas iniciativas, porque por ejemplo en el caso de la relativa a la LOMCE ya está resuelto con el decreto ley de ampliación del calendario.

La razón de presentar el conflicto, ha insistido, es la de defender esos "derechos constitucionales del Gobierno", porque es "importante que sean salvaguardados.

Ha recordado que si el Ejecutivo no tuviera esta prerrogativa, los presupuestos generales del Estado aprobados por el Parlamento carecerían de valor ya que podrían ser modificados mediante leyes de inferior rango presentadas por los grupos.

"Es un principio constitucional que está en todas las constituciones europeas", ha recordado el portavoz del Gobierno que considera que el Ejecutivo tiene argumentos "sólidos y convincentes"para acudir al TC, "guardián constitucional"y encargado de dirimir quién tiene la razón.

El Gobierno cuantifica en 600 millones de euros la pérdida de ingresos procedentes de fondos comunitarios derivada de la aprobación de la proposición de ley de paralización del calendario de la LOMCE, que fue tomada en consideración por el pleno del Congreso del pasado 15 de noviembre.

En cuanto a la proposición relativa a los trabajadores subcontratados, el Ejecutivo estima que su aprobación supondría un aumento de gasto en las empresas del sector público estatal debido al incremento del gasto total en sueldos y salarios.

Así, las empresas públicas tuvieron un gasto total en sueldos y salarios de 5.963 millones de euros, por lo que el incremento de gasto en las actividades subcontratadas estaría en el entorno de sesenta millones de euros anuales, utilizando valores del año 2013.

Este recurso ante el Tribunal Constitucional es el segundo conflicto de competencias que se plantean ambas instituciones en menos de un año, después de que en la pasada legislatura el Congreso presentara uno similar contra el Ejecutivo en funciones por negarse a someterse al control parlamentario.

Efe