El Gobierno admite cesiones tras retirar «Constitución» de la declaración conjunta con Torra

Gobierno y Generalitat acuerdan sustituir «seguridad jurídica» por Constitución y rechazar el consejo de guerra a Companys.

La reunión entre Pedro Sánchez y Quim Torra ayer en el Palacio del Pedralbes supuso una rendición por tiempos del Ejecutivo. A la foto a seis de “cimera” o “cumbre” de gobiernos se suma el texto pactado a modo de comunicado conjunto que tanto la Generalitat como Moncloa remitieron a los medios con posterioridad al encuentro. En ese texto hubo dos renuncias, el Govern no hacía alusión explícita a la “unilateralidad” y el Ejecutivo retiraba la mención a la Constitución, a cambio de apelar a la “seguridad jurídica”. Una paso atrás que hoy las ministras portavoz, Isabel Celáá, y de Política Territorial, Meritxell Batet, se han afanado en defender en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en Barcelona, sin llegar a negar en ningún momento las citadas cesiones. “No hay seguridad jurídica si no se respeta el ordenamiento jurídico y esto supone cumplir la Constitución y el Estatuto de Autonomía”, ha señalado Batet, emplazando al artículo 9 de la Carta Magna que propugna este aspecto.

El Gobierno valora como “muy positivos” estos dos días en Cataluña y aseguran que “el diálogo de seis meses ha dado sus frutos”. Consideran que solo a través de esta vía se puede encauzar la resolución del “conflicto” y no utilizando “soflamas ni el 155”. Para el Ejecutivo este artículo “no aporta ninguna respuesta política a Cataluña en la actualidad” y deslizan que detrás de quienes abogan por su aplicación continuamente está un “afán recentralizador” cuando lo que defiende la Constitución precisamente es la “España de las autonomías”. No obstante, el Ejecutivo ha demandado “reciprocidad” para diseñar una senda común de diálogo a la Generalitat y ha definido como “una muestra de afecto y un pacto de aprecio” su visita a Cataluña.

La visita del Consejo de Ministros a Barcelona ha estado cargada de simbolismo. El cambio de nomenclatura del Aeropuerto de El Prat, que a partir de hoy llevará el nombre de Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona - El Prat, ha sido una iniciativa que ha generado polémica, ya que se ha fraguado de forma “unilateral”, según la Generalitat, mientras que fuentes gubernamentales apuntan que ha sido “comunicada, pero no consensuada” con el Govern, la familia y los ayuntamientos de El Prat y Barcelona. Por otra parte, el Gobierno también ha decidido tomar conocimiento de la Declaración de reparación y reconocimiento personal en favor de Lluís Companys. Se rechaza así la condena y el Consejo de Guerra que decidió su ejecución y se proclama pública y solemnemente el reconocimiento y restitución de su dignidad. También se dota de 112 millones de euros en concepto de autorizaciones de contratos de obras en carreteras de Cataluña.