Caso Faisán
El haraquiri policial
Las penas de dos años por revelación de secretos y cinco por colaboración con banda armada contra los policías nacionales Enrique Pamiés y José María Ballesteros en el «caso chivatazo» son las mínimas que establece el Código Penal para estos delitos. Desde luego, las acusaciones populares no nos quedaremos en una petición tan escasa. Sin embargo, nos ha sorprendido y, creo que a los acusados también, que el Ministerio Fiscal haya solicitado al final penas por colaboración con organización terrorista. Este hecho supone que dos mandos policiales de la lucha antiterrorista –y que tantísimos comandos de ETA han desarticulado– puedan acabar exactamente igual que los terroristas, es decir, en la cárcel. Al no tener ninguno de ellos antecedentes penales, una condena superior a los dos años supone la entrada en prisión de forma automática.
Lo que ha quedado claro es que, al final, tendrán que ser dos mandos policiales los que paguen los escarceos de la negociación que con ETA tuvo el Gobierno de Rodríguez Zapatero entre 2005 y 2006. Sorprende a las acusaciones populares y, sobre todo, a Dignidad y Justicia que policías de prestigio en la lucha antiterrorista sean capaces de «tapar» a los responsables políticos que les ordenaron dar el chivatazo policial. Este hecho, con precedentes anteriores en los juicios del GAL, siempre se ha producido en periodos de gobiernos socialistas y es triste que ambos policías se hagan el haraquiri por responsables políticos que les han olvidado y que nunca más querrán saber de ellos.
Está claro que en este juicio no se sentarán en el banquillo todos los supuestos responsables del chivatazo a ETA, porque no hay pruebas suficientes como para acusar al ex director de la Policía Víctor García Hidalgo o al ex secretario de Estado Antonio Camacho, o al propio Rubalcaba como responsable máximo de Interior en 2006. Pero es triste que las familias de Pamiés o Ballesteros tengan que sufrir un juicio de este calado por culpa del encubrimiento que realizan éstos de los responsables políticos que dieron la orden de dar el chivatazo.
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